España cobrará un 8% por su petróleo ¿cuánto se cobra en el resto del mundo?

El impuesto del 8% que Industria quiere aplicar a las extracciones de petróleo en España para amortiguar la polémica generada con las prospecciones en Canarias, ¿es mucho o poco? Es poco realmente.

Este impuesto no es una novedad en los países extractores de petróleo. Es lo que en el sector se conoce como regalía. Este tipo de tasa, o cánon, consiste en el pago al Estado, o al propietario de las áreas donde se producen las extracciones, de un porcentaje del valor de cada barril extraído. Las regalías son previas al pago de impuestos empresariales que correspondan en cada jurisdicción. Son una especie de diezmo que hay que pagar a la Administración por el mero hecho de aprovechar los recursos naturales de un lugar.

Repsol es el grupo que lidera la exploración de hidrocarburos en aguas de las Islas Canarias, y de encontrarse petróleo y gas allí, será la compañía que lidere la extracción y producción.

Industria está tramitando parlamentariamente la aprobación de un cánon del 8% para las extracciones de hidrocarburos, que recaudarán las autonomías y los municipios donde se produzcan. Aunque se ha ideado a raíz de la polémica generada en Canarias, se aplicará a toda España. Si las prospecciones son en tierra, además, habrá un 1% de tasa adicional que cobrarán los dueños del terreno.

Si se compara con las regalías que aplican los países productores de petróleo en el mundo, la tasa que se plantea en España es relativamente reducida.

Según la memoria de Repsol del pasado año, en Venezuela «el Estado tiene derecho a una participación de treinta por ciento (30%) como regalía. Todo ello sin perjuicio del pago de los impuestos que procedan».

En ese informe, Repsol explica que el grupo está sujeto en los distintos países donde opera a «numerosos impuestos a la producción de hidrocarburos (regalías y similares), tasas y tributos locales, cotizaciones sociales, etcétera», y que «en 2013 la carga tributaria total devengada por los impuestos mencionados» ascendió a «2.192 millones de euros, lo que supone un tipo efectivo del 60,5%». El tipo efectivo del impuesto sobre beneficios es el 43,3%.

Venezuela no es el país que más obtiene de su petróleo fiscalmente. En otros países, Repsol sufre fiscalidades muy superiores, además de las regalías.

La fiscalidad conjunta de cada país exterior donde opera Repsol viene especificada en la página 93 de su memoria anual.

EL PROBLEMA DE LA DEUDA CAUSADO POR EL PPSOE. ECUADOR COMO SOLUCIONO EL PROBLEMA DE LA DEUDA.

Soria crea un impuesto miserable para la explotaciones de petróleo o gas natural del 1 % para los titulares del suelo.

El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto que modifica la Ley de Hidrocarburos por el que las administraciones afectadas recibirán retribuciones. Los titulares de suelos recibirán un 1% de la producción anual.

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley que modifica la Ley de Hidrocarburos, en el que se reconoce un nuevo tributo a las explotaciones y extracciones de petróleo y gas (fracking) que servirá para compensar a las comunidades autónomas, ayuntamientos y titulares de los suelos donde se produzcan los hallazgos.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, señaló que este tributo a la exploración y explotación de hidrocarburos permitirá que una parte de los recursos “revierta en las comunidades autónomas o entidades locales donde tengan lugar, y si es en el mar a la comunidad autónoma más próxima al lugar de las extracciones”.

El titular de Industria subrayó que con el nuevo marco legal se actualiza también el canon que ya pagan las empresas para abordar las exploraciones, incrementándose. Además, en el caso de los propietarios de los subsuelos donde se produzca la explotación de hidrocarburos, se les reconoce un retorno del 1% del valor de la producción anual mientras dure el periodo de concesión.

Según indicaron fuentes de Industria el pasado mes de noviembre, una de las razones que justifican esta medida es cambiar la distribución de los beneficios económicos derivados de los yacimientos petrolíferos para acercarlos más al territorio, con el objetivo de suavizar el rechazo que la concesión de permisos de exploración ha levantado en algunas zonas.

Un mercado organizado del gas

Soria subrayó que esta reforma de la Ley de Hidrocarburos, que modifica así la que había vigente desde 1998, tiene también por objetivo “crear un mercado organizado del gas en España e introducir medidas para fomentar la competencia y combatir el fraude”.

En lo que respecta al gas, afirmó que actualmente no hay un mercado organizado del gas en España, por lo que “los precios no dan señales nítidas” y que con esta modificación se busca introducir “más transparencia”.

En lo que se refiere a la lucha contra el fraude en el gas natural ciudad, Soria adelantó que se aumentará el número de agentes que podrán llevar a cabo las inspecciones, mientras que en el caso de los gases licuados del petróleo afirmó que se establecerán medidas para fomentar una mayor competencia con respecto a su distribución.

josemanuelsoria

Aprobada la ley mordaza resumen fotográfico de lo que prohibe.

https://www.diagonalperiodico.net/libertades/25029-resumen-grafico-lo-viene-con-la-ley-mordaza.html

El Pleno del Congreso ha aprobado la restrictiva Ley de Seguridad Ciudadana o ‘Ley Mordaza’, que ahora pasa al Senado para su aprobación definitiva, con el oposición de todos los grupos parlamentarios a excepción del PP, que presentaron nueve enmiendas a la totalidad. Dentro de las numerosas medidas que presenta la ley se encuentra la legalización de las ‘devoluciones en caliente’ en Ceuta y Melilla, medida criticada entre otros por el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks.

De las 270 enmiendas presentadas a la Ley de Seguridad Ciudadana (LSC), la Comisión de Interior del Congreso aprobó alrededor de 50. La mayoría de las tramitadas hacen referencia a mejoras técnicas del texto –no del contenido–, mientras que otras suponen un endurecimiento de una ley que desde un centenar de colectivos sociales e incluso desde la Unión Europea ha sido señalada por su carácter restrictivo de los derechos de reunión y libertad de expresión.

¿Qué consecuencias tiene para la ciudadanía? Diagonal hace un resumen gráfico de las nuevas medidas de represión y burorrepresión que implica:

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El 15M triunfa en su querella contra Bankia y Rodrigo Rato. La querella de UPyD estaba incompleta.

http://15mparato.wordpress.com/2014/12/04/mintieron-salida-bolsa-bankia-demostrado/

Tras dos años y medio de presión legal conseguimos por fin que no se pueda negar más la evidencia.

Hoy en la #querella de 15MpaRato contra Rodrigo Rato llega un informe de los peritos del Banco de España sobre las cuentas de la salida a bolsa de Bankia que nos da la razón en nuestra denuncia.

- Los estados financieros de BFA-Bankia incluidos en el folleto de emisión no espresaban la imagen fiel de la entidad.
– Tampoco los estados financieros de Bankia expresaban su estado REAL
– El nuevo equipo gestor de Goirigolzarri también ha intentado maquillar el estado real de las cuentas.

Aquí lo podéis leer con vuestros propios ojos.
https://15mparato.files.wordpress.com/2014/12/informe-bankia-1.pdf
https://15mparato.files.wordpress.com/2014/12/informe-bankia-2.pdf

Solo en nuestra querella se denuncian los hechos que han motivado el informe del banco de España

Recordatorio importante: ni UPyD ni ninguna de las partes a excepción de 15MpaRato incluye en su querella por la salida a bolsa de Bankia el supuesto del Art. 282 bis del Código Penal (falsear la información sobre el estado de la entidad en los folletos de Salida a bolsa).

Esa fue la clave de nuestra querella, la querella de #15MpaRato en 2012 y el informe de los peritos del Banco de España que hemos conocido hoy es exactamente lo que demuestra.
Teníamos razón, la información publica de la salida a bolsa era falsa y Rato y sus cómplices lo sabían y lo ocultaban. Goirigolzarri ha seguido ocultándolo.

Ahora o bien Bankia anula la Oferta Pública de Acciones de 2012 y devuelve el dinero a todos los pequeños inversores y ahorradores o bien siguen empeorando su situación y esperando una decisión judicial firme.

bankiaesunaestafa

Minientrada
  • Nos sancionarán por ocupar la vía pública y ejercer nuestro derecho de manifestación o reunión si no se realiza la “comunicación” previa a los cuerpos policiales.
  • Nos sancionarán por manifestarnos delante del Parlamento, o delante de los centros de salud, o bancos o por ocuparlos pacíficamente.
  • Nos sancionarán por realizar escraches.
  • Nos sancionarán administrativamente por ocupar espacios abandonados.
  • Nos sancionarán por grabar actuaciones policiales.
  • Nos harán identificarnos y nos podrán registrar sobre una base amplia y vaga de indicios sin, además, haber prohibido expresamente las identificaciones basadas en perfil étnico u otros prejuicios y supuestos.
  • Se pretende reformar conjuntamente de manera “express” la ley de extranjería para intentar legalizar las expulsiones en caliente en la frontera.
Vídeo

No al tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, video subtitulado en español.

No al tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea.

El PP insiste en meter en la cárcel a los trabajadores por “coacción” en las huelgas.

El Partido Popular (PP) insisite en meter en la cárcel a los trabajadores que hagan huelga y participen en piquetes para que otros secunden el paro. Lo demostró ayer al rechar en solitario la proposición de ley de Izquierda Plural que pedía la supresión del artículo 315.3 del Código Penal. Se trata de un “precepto inerme” que, como recordó Emilio Olabarría, del PNV, no se aplicaba desde el final de la dictadura, pero que el Gobierno de Mariano Rajoy ha activado a través de la Fiscalía del Estado. En estos momentos, 265 trabajadores están procesados por actividades sindicales y la Fiscalía pide 125 años de prisión para ellos.

Desde el final de la dictadura y la legalización de los sindicatos de clase en 1977, ningún trabajador había ido a la carcel por participar en una huelga. Pero con la llegada del PP al Gobierno a finales de 2011 y los recortes de derechos sociales decretados con la reforma laboral, resurgió la amenaza de prisión para amedrentar a los asalariados. Esa utilización de la justicia “como maquinaria de guerra”, en expresión de Sabino Cuadra, llevó a la cárcel en junio pasado a los trabajadores granadinos Carmen Bajo y Carlos Cano por participar en un piquete informativo durante la huelga general de marzo de 2012 contra la reforma laboral. Bajo y Cano fueron condenados a tres años de prisión, si bien, a los pocos días fueron excarcelados, habida cuenta de que no necesitaban ser resocializados. Cano ya había pagado los vidrios rotos de un comercio.

De la rotura de otros vidrios, la luna de un autobús, fue acusada la dirigente de CCOO de Mallorca, Katiana Vicens, sin más datos que un informe policial. A pesar de los testimonios que desmienten que haya lanzado la piedra que provocó el daño durante la huelga del 29 de marzo, la Fiscalía ha pedido cuatro años y medio para ella, “la misma pena que solicita para los procesados por homicidio en la concentración festiva del pabellón Madrid-Arena, en el que murieron cinco jóvenes”, recordó Gaspar Llamazares ante el pleno del Congreso. La sindicalista Vicens fue juzgada el lunes y está a la espera sentencia. Por su mismo trance pasan los trabajadores de Airbus, para los que el fiscal solicita ocho años de carcel por daños y coacciones durante la huelga en defensa de sus puestos de trabajo.

La relación de imputados y procesados es bastante larga y afecta al conjunto del territorio nacional, desde Pontevedra a La Rioja, desde Andalucía –las multas al Sindicato de Obreros del Campo (SOC) por ocupaciones de fincas superan los 400.000 euros– hasta Vallecas, en Madrid, donde el caso de Alfons, encarcelado y acusado de poco menos que terrorismo, se denuncia en cientos de tapias y paredes. O desde Vigo hasta Deusto, donde también hay huelguistas procesados por ir en los piquetes. Lo que el Gobierno quería y sigue queriendo es humillar a los sindicatos y obligarles a pedir el indulto por las acciones de los piquetes. Así, al menos, lo sugirió el ya exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Si Llamazares denunció la “utilización artera” del 315-3 del Código Penal contra el derecho de huelga y destacó que ningún patrón haya sido procesado ni sancionado por las “coacciones” a los trabajadores, Cuadra preguntó a sus señorías: “¿conoce alguien a algún empresario castigado por amenazar con el despido a los trabajadores si hacen cuelga?” Jordi Jané (CiU) consideró innecesario el precepto, pues las coacciones ya están tipificadas en el 172 del Código Penal. Y Olabarría destacó la inconcreción de un precepto que favorece el “arbitrismo judicial”. Solo Irene Lozano, de UPyD, abogó por esperar al debate del nuevo Código Penal. Jané le aclaró que no está claro que se vaya a tramitar en lo que queda de legislatura.

El socialista Manuel de la Rocha, que saludó a dos sindicalistas de la UGT de hostelería para los que el fiscal pide siete años de cárcel, recordó que el precepto penal, curiosamente imbricado en el título dedicado a los delitos contra 
 los derechos de los trabajadores, se mantuvo en el código de 1995 por decisión de todos los grupos, pero no se había aplicado nunca en 35 años y hay una sentencia del Constitucional, de 1999, diciendo que no debe aplicarse. A eso, a que venía del código franquista 1973, se mantuvo en 1976, y no se modificó en el “código de la democracia” de 1995 ni en la reforma de 2010, se agarró el portavoz del PP, José Miguel Castillo, para manifestar el rechazo a la derogación. Castillo compatibiliza el escaño con su actividad de Administrador Concursal (empresas en quiebra) y empleó reiteradamente el espejo retrovisor -”ustedes no lo reformaron ni cuando se dictaron sentencias infundadas”- para defender la conservación de un precepto que permite imponer hasta seis años de prisión a los huelguistas “coactivos”.

Estamos sobremedicados.

50 preguntas y respuestas sobre el Tratado de Libre Comercio.

El debate público sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) que se está negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos es casi inexistente. Y eso a pesar, o quizás debido a, su importancia. Por eso desde la Secretaría de Economía Política Global de Izquierda Unida hemos lanzado un documento divulgativo con el que pretendemos romper el bloqueo informativo sobre el TLC. Se trata de una serie de 50 preguntas y respuestas que de forma pedagógica intentan desvelar la importancia de un Tratado negociado de espaldas a la ciudadanía y que apoyan los principales grupos de poder económico y político. Esperamos que sea útil.

Para una lectura más cómoda el documento puede descargarse en formato .pdf pinchando aquí: 50 preguntas y respuestas sobre el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea

Por Alberto Garzón Espinosa y Desiderio Cansino Pozo
Secretaría de Economía Política Global de Izquierda Unida

1. ¿Qué es un tratado de libre comercio?

Un tratado de libre comercio es un acuerdo que se firma entre dos o más países y que tiene como objetivo ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países firmantes. Para ello se busca la reducción o eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias que existen en un determinado momento entre espacios económicos. Es decir, busca la reducción o eliminación de los impuestos a la importación y de la regulación relativa a la comercialización internacional de bienes y servicios. Cuando el acuerdo se firma entre dos países es conocido como acuerdo bilateral mientras que cuando se firma entre más de dos países se denomina acuerdo multilateral. En el mundo hay más de 3.000 acuerdos internacionales de inversión, la mayoría de ellos bilaterales.

2. ¿Cuándo se ha empezado a negociar el tratado entre EEUU y la UE?

El 28 de noviembre de 2011 durante encuentro entre líderes europeos y estadounidenses se creó el Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Empleo y Crecimiento (HLWG, por sus siglas en inglés). Este grupo tenía como objetivo estudiar las políticas necesarias para incrementar el comercio y la inversión entre EEUU y la UE, haciendo recomendaciones a los diferentes gobiernos. En junio de 2013 la Unión Europea y los Estados Unidos anunciaron el inicio de negociaciones para llegar efectivamente a un Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés), también conocido simplemente como Tratado de Libre Comercio (TLC). Las conversaciones comenzaron finalmente durante el mes de julio de 2013, y se prevé que se pueda aprobar finalmente durante 2014.

3. ¿Por qué no me he enterado antes?

Aunque la Comisión Europea ha insistido en que la negociación es transparente, lo cierto es que el proceso de negociación es prácticamente secreto. No se conocen detalles concretos de las negociaciones y sólo algunos documentos filtrados desde las propias instancias europeas han permitido ir desgranando los pilares del futuro acuerdo. El negociador principal de la parte europea reconoció en una carta pública que todos los documentos relacionados con las negociaciones estarían cerrados al público durante al menos treinta años. Concretamente aseguró que esta negociación sería una excepción a la Regla 1049/2001 que establece que todos los documentos de las instituciones europeas han de ser públicos[1]. Asimismo, el comisario De Gucht aseguró en el Parlamento Europeo que la negociación del TLC debía tener grado de confidencialidad y negó la función de negociación al Parlamento[2]. Lo que supone un ataque más a la ya escasa democracia en el seno de la Unión Europea.

4. ¿Entonces qué principio guía la redacción del documento?

Son los intereses económicos de las multinacionales los que están dictando las negociaciones. De hecho, la Comisión Europea se embarcó en más de 100 encuentros cerrados con lobistas y multinacionales para negociar los contenidos del tratado. La Comisión Europea tuvo que reconocer esos encuentros a posteriori, y más del 90% de los participantes resultaron ser grandes empresas[3].

5. ¿Quién apoya este TLC en España?

Dado que no hay debate público, es muy difícil conocer la opinión de la ciudadanía o de las organizaciones civiles. Sin embargo, la mayoría de los partidos del Congreso de los Diputados sí se han posicionado ya. El acuerdo firmado en junio de 2013 entre el Partido Popular y el Partido Socialista en el Congreso recogía una petición expresa al Gobierno para «apoyar un rápido comienzo de las negociaciones de un acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea ambicioso y naturalmente beneficioso»[4].

6. Al menos podremos votar los ciudadanos…

No, dado que la aprobación final del TLC corresponde al Parlamento Europeo. Sólo en caso de que las autoridades nacionales quisieran consultar a sus ciudadanos podríamos participar de forma directa en la decisión. Sin embargo, el 6 de mayo de 2014 el Congreso de los Diputados rechazó la convocatoria de un referéndum sobre el TLC, como proponía Izquierda Unida, con los votos en contra de PP, PSOE, CIU, PNV y UPyD.

7. ¿Son muy altas las barreras arancelarias entre EEUU y la UE?

No. La propia Comisión Europea ha reconocido que «las relaciones económicas entre los Estados Unidos y la Unión Europea pueden ser consideradas entre las más abiertas del mundo»[5]. Asimismo, la Organización Mundial del Comercio ha estimado que las tarifas promedio rondan el 3,5% en Estados Unidos y el 5,2% en la Unión Europea. Estamos hablando de niveles extraordinariamente reducidos.

8. ¿Entonces qué se busca con el TLC?

La Comisión Europea considera que «las medidas regulatorias constituyen el mayor obstáculo para incrementar el comercio y la inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea»[6]. Así, el propósito no es la reducción de los ya bajos niveles arancelarios sino la modificación de la regulación existente en las relaciones comerciales entre ambos espacios económicos, favoreciendo únicamente a las grandes empresas transnacionales que son las únicas interesadas.

9. ¿De qué tipo de regulación estamos hablando?

Se trata de la regulación relacionada con el control sanitario de determinados productos, con los estándares medioambientales, con los convenios laborales, con la propiedad intelectual e incluso con la privatización de servicios públicos. Se argumenta que estas normas suponen costes adicionales para las empresas, todo lo cual sería una pérdida de potencial económico para las distintas economías.

10. ¿Y cómo afectaría un TLC al crecimiento económico y el empleo?

Según informes económicos favorables al acuerdo, el TLC crearía en EEUU y UE hasta dos millones de nuevos puestos de trabajo y estimularía el crecimiento económico incluso un 1% anual. Sin embargo, el propio informe de la Comisión Europea apunta a un posible crecimiento económico del 0,1% anual en uno de las mejores escenarios posibles. Por otro lado, la Comisión Europea también señala entre los beneficios de este Tratado la bajada de precios.

11. Menos es nada. ¿Son creíbles esas predicciones?

En absoluto, dado que se han extraído de modelos econométricos que dependen de unas hipótesis poco realistas. Siempre es posible torturar los modelos estadísticos y los propios indicadores para que nos digan lo que queremos. Es mucho más riguroso basarse en la experiencia pasada de tratados similares que en esbozar milagros sobre el papel.

12. ¿Hay experiencias pasadas que sean equiparables?

Sí, por ejemplo el conocido como Acuerdo de Libre Comercio de Norte América (NAFTA, por sus siglas en inglés). Cuando se firmó por Canadá, Estados Unidos y México en 1993 se anunció que crearía un total de 20 millones de empleos. Pasado el tiempo la propia Cámara de Comercio de EEUU ha reconocido que tal promesa no se materializó[7]. De hecho, las estimaciones independientes más razonables apuntan a que finalmente hubo una pérdida neta de empleos cercana al millón de personas debido a las deslocalizaciones[8].

13. ¿Es posible que el TLC destruya puestos de trabajo?

Por supuesto, y de hecho incluso la Comisión Europea asume que va a ocurrir. Lo que sucede es que la Comisión considera que será un efecto parcial circunscrito a algunos sectores económicos y zonas geográficas y que será compensado por efectos positivos en otros sectores económicos y regiones. También algunos pensadores liberales sostienen que los efectos perjudiciales sobre el empleo serán compensados por el desplazamiento productivo hacia líneas de actividad más eficientes[9].

14. Entonces… ¿aumentar la oferta de bienes y servicios va a crear empleo en España?

No. Nuestro problema no es la oferta sino la demanda. Si nuestros ingresos y rentas disponibles son menores, lógicamente compramos menos. Es decir, cada vez somos más pobres y no se incrementan las ventas. Por lo tanto, lo que se va a producir es un trasvase de ventas desde las empresas locales hacia las grandes empresas que son las pueden mantener estructuras de costes y precios reducidos a lo largo del tiempo hasta que hayan logrado eliminar a la competencia local.

15. ¿Quiere decir eso que se destruirán empresas y sectores?

Efectivamente. Cuando se amplían los mercados la competencia se incrementa y las empresas nacionales se ven obligadas a competir con las extranjeras. Y en esa pugna acaban victoriosas las empresas más competitivas. Todas las que no puedan competir y ofrecer precios más bajos tendrán que desaparecer junto con todos sus puestos de trabajo. De hecho, la Comisión Europea ha reconocido que la ventaja competitiva de algunas industrias estadounidenses generarán un notable impacto negativo en sus homólogas en la Unión Europea, pero asume que los gobiernos tendrán fondos suficientes para mitigar los costes que ello genere[10].

16. ¿Cómo se verá afectada la agricultura europea?

El modelo agrario europeo es muy diferente al estadounidense, tanto en su organización como sobre todo en su tamaño. En EEUU hay 2 millones de granjas, mientras que en la Unión Europea hay 13 millones. En promedio una granja estadounidense es 13 veces más grande que una europea, lo que permite a las empresas estadounidenses competir en mejores condiciones. Por eso los agricultores europeos están tan preocupados: la amenaza de una concentración de poder y riqueza en el sector es muy alta.

17. ¿Mayor concentración?

Sí, el efecto final de un proceso como el descrito es siempre un aumento de la concentración y centralización de las empresas. Dicho de otra forma: el pez grande se come al pez chico. El TLC implicará un duro golpe a la mayoría social del tejido empresarial europeo, que está constituido en su 99% por pequeñas y medianas empresas. Hasta ahora, los desarrollos normativos en los distintos países de la Unión Europea buscaban equilibrar las condiciones en el juego de la economía de mercado defendiendo a las pequeñas empresas para que tuvieran la oportunidad de competir en igualdad de condiciones con las grandes. Con el TLC este equilibrio se rompe para inclinarse la balanza a favor de las grandes corporaciones.

18. ¿Y ello conducirá a una UE más homogénea?

No, lo que es más probable es que se produzca una ampliación de la brecha centro-periferia que ya existe en la Unión Europea. La estructura productiva de los países de la periferia (Portugal, Grecia, España…) está mucho menos desarrollada y es mucho menos competitiva, de modo que una mayor competencia proveniente de las empresas estadounidenses será un golpe mortal a las frágiles industrias de la periferia europea. Además, no sólo se conducirá hacia una UE menos homogénea, sino que la brecha entre economías ricas y pobres, entre el norte y el sur, a escala mundial no haría más que aumentar. Dicho de otro modo, el norte se alía con el norte.

19. ¿Supone eso el fin de las posibilidades de reindustrialización?

Sí, porque se establece una camisa de fuerza que limita enormemente la capacidad de desarrollar una industria propia y competitiva para los gobiernos de las economías menos desarrolladas. Al fin y al cabo, los países que primero se industrializaron lo hicieron a través de medidas totalmente contrarias a las apuntadas por los tratados de libre comercio.

20. ¿Es eso cierto? ¿Es posible el desarrollo sin libre comercio?

Por supuesto. Como afirma el trabajo del reputado economista Ha-Joon Chang, «los consejos dados a los países en desarrollo durante las dos últimas décadas no sólo han sido básicamente erróneos sino que también ignoran la experiencia histórica de los propios países industrializados cuando se esforzaban por alcanzar el desarrollo»[11]. Concretamente, los países que primero se desarrollaron lo lograron a través de políticas de protección a la industria naciente y subsidios a la exportación, hoy prácticas consideradas muy negativas por los organismos internacionales.

21. ¿Significa eso estar en contra del comercio?

En absoluto. El comercio es muy positivo para las relaciones económicas y sociales, pero debe enmarcarse en un conjunto de reglas que impidan la concentración de poder y riqueza o la vulneración de los derechos humanos. El propio Adam Smith, a menudo símbolo del capitalismo industrial, fue partidario de establecer topes al libre comercio al percibir que un mercado desenfrenado y carente de la acción del Estado podía atacar la esencia humana.

22. ¿Entonces por qué se nos recomienda medidas erróneas?

El economista alemán Friedrich List lo resumió con una metáfora. Según él, «un ardid muy común e inteligente que practica quien ha alcanzado la cumbre de la grandeza es retirar la escalera por la que ha trepado para impedir a otros trepar tras él»[12]. Ello quiere decir que los países más desarrollados, que tienen industrias de alto valor añadido muy competitivas recomiendan al resto la apertura de fronteras comerciales porque saben que la victoria de sus empresas está asegurada. El propio List ya apoyó la idea según la cual «en presencia de países más desarrollados, los países [económicamente] atrasados no pueden desarrollar nuevas industrias sin contar con la intervención estatal, especialmente con protección arancelaria». Dicho de otra forma, en ese terreno de juego será imposible para España encontrar otro modelo productivo sostenible y equilibrado.

23. ¿Y qué pasará durante la lucha competitiva entre las empresas?

Cuando varios países abren sus fronteras para crear un mercado común de bienes y servicios se da un fenómeno de competencia hacia la baja o carrera hacia el fondo en el que se desploman los estándares laborales, los medioambientales e incluso los democráticos. Eso es lo que supondrá la aprobación del TLC. Aunque la retórica oficial de la Comisión Europea habla de «armonización de la regulación», se trata en realidad de un proceso en el que la igualación viene dada a la baja. Así, se habla de un proceso de mínimo denominador común en el que el resultado de la armonización será la igualación al nivel de la regulación más laxa.

24. Entonces, ¿pueden verse afectados los derechos laborales?

Sí. EEUU se ha negado a ratificar convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incluyendo aquellos que se refieren a la libertad de asociación y a las prácticas sindicales. Su legislación -irónicamente llamada derecho al trabajo- es en realidad una legislación contra la negociación colectiva y el sindicalismo, y ha modelado en EEUU un sistema de competencia a la baja en materia laboral entre los Estados. Todos pugnan por atraer inversiones internacionales y nacionales por la vía de reducir aún más las condiciones laborales. Una igualación de la regulación hacia el sistema estadounidense es compatible con la cruzada que la Comisión Europea ha iniciado contra los salarios y el peso salarial en la renta. El TLC podría servir de catalizador del acercamiento de las normas laborales europeas a los estándares estadounidenses. Una generalización de la carrera hacia el fondo.

25. ¿Y a qué tipo de trabajo conducen estas normas?

En un escenario de incremento de la competencia, y en el que opera una tendencia de carrera hacia el fondo, el trabajo se va precarizando cada vez más y se disipan las posibilidades de un trabajo indefinido o estable. Las empresas siempre estarán dispuestas a deslocalizarse hacia las regiones donde se den menos salarios y costes laborales –entre los cuales cabe incluir los derechos laborales-, de tal forma que la amenaza es permanente. Esa amenaza, junto con la del desempleo, presiona a la baja todos los estándares. Incluido el del salario, cuestión que ya teorizaron los economistas clásicos (Marx, Ricardo, Smith) al hablar de una tendencia hacia el salario de subsistencia, esto es, hacia un nivel verdaderamente ínfimo.

26. ¿Significa eso que habrá nuevas reformas laborales?

Efectivamente. Una vez aprobado el TLC todos los Gobiernos tendrán que adaptar sus normativas nacionales a los nuevos acuerdos internacionales, lo cual implicará una nueva ola de reformas laborales, financieras, fiscales, etc. que sirva a esa armonización regulatoria propuesta en el tratado.

27. ¿Van a pagar las empresas menos impuestos?

Las grandes empresas ya tienen mecanismos para eludir el mayor pago de impuestos posibles. Los aranceles se repercuten al consumidor final de los bienes o servicios. La eliminación de los mismos suponen una merma en los ingresos públicos de los Estados, que podrían destinarse para compensar el impacto ecológico de la actividad económica o los costes sociales de las deslocalizaciones empresariales.

28. ¿El tratado también regulará el sector sanitario?

Toda la regulación está sujeta a ser modificada por el tratado, pero los negociadores de Estados Unidos han señalado particularmente a la regulación sobre sanidad y productos fitosanitarios como principales objetivos a armonizar[13]. Y es que la regulación de la Unión Europea en esta materia está mucho más desarrollada y es más rígida que la de Estados Unidos, razón por la cual una armonización a la baja será especialmente lesiva para los ciudadanos europeos.

29. ¿Eso quiere decir que estará en riesgo mi salud?

Muy probablemente. La Unión Europea utiliza actualmente un principio de precaución que impide que determinados productos puedan comercializarse a pesar de que no haya suficiente investigación científica que revele su peligrosidad. El sistema funciona porque son las empresas las que tienen que demostrar que sus productos no representan un problema para la salud del consumidor. Y ese proceso es largo, lo que los empresarios estadounidenses consideran que es un coste que hay que evitar.

30. ¿Y si finalmente se produce esa armonización?

Pues entre otras cosas los supermercados europeos se inundarán de productos que son habituales en Estados Unidos y que sin embargo a día de hoy están prohibidos en la Unión Europea por motivos sanitarios o ecológicos. Por ejemplo, el 70% de toda la comida vendida en Estados Unidos contiene ingredientes modificados genéticamente, algo impensable actualmente en la Unión Europea.

31. ¿Y por qué a día de hoy están prohibidos tantos productos?

En las décadas de los ochenta y noventa la Unión Europea introdujo restricciones a la importación de muchos productos estadounidenses por motivos de salud. Por ejemplo, las granjas estadounidenses suelen incrementar su productividad a través de la implantación a los animales de hormonas que les hacen engordar y crecer más rápido. Dichas hormonas, aplicadas sobre las reses o los pollos, están bajo sospecha tras vincularse con la proliferación del cáncer en humanos. Por eso la Unión Europea ha bloqueado sistemáticamente tantas importaciones, a pesar de las duras críticas de la industria estadounidense.

32. ¿También el medio ambiente se verá afectado?

Sí, y no sólo porque la regulación medioambiental será modificada sino también porque el incremento del volumen de intercambio de bienes y servicios afectará al medio ambiente. La propia Comisión Europea prevé un incremento de hasta 11 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono emitidas a la atmósfera, lo que obviamente contraviene todos los protocolos internacionales de medio ambiente. Si finalmente se incrementa el comercio, se incrementarán también los recursos materiales, hídricos y energéticos necesarios para su producción, así como residuos, emisiones y desechos. Eso sí, en un alarde de hipocresía y economicismo, la Comisión Europea espera que «las ganancias asociadas con el incremento del comercio sean en principio suficientemente grandes como para pagar los costes necesarios para la disminución de la polución»[14]. Pero cabe advertir que la lógica monetarista y de mercado son ineficaces para dar solución a los problemas ecosistémicos, ya que éstos se rigen bajo otros principios.

33. Y la armonización de la regulación medioambiental, ¿cómo afectará?

De la misma forma que ocurría en el aspecto sanitario, con una armonización a la baja y la ruptura del principio regulatorio de precaución que actualmente usa la Unión Europea. Por ejemplo, hoy en día la Unión Europea bloquea más de 1.200 sustancias que se utilizarían en cosméticos, mientras que Estados Unidos sólo bloquea poco más de diez. Además, la armonización de la regulación sobre prácticas que dañan al medio ambiente podría abrir la puerta al fracking en Europa.

34. ¿Qué es el fracking?

Esta práctica permite extraer gas o petróleo del subsuelo pero dejándolo prácticamente inutilizable y plagado de sustancias tóxicas, alergénicas y cancerígenas. Además, es un proceso vinculado a la generación de terremotos de diferente magnitud. De ahí que esta práctica esté siendo frenada legislativamente en la Unión Europea, algo criticado duramente por las grandes empresas y por sus partidarios. Y es que las grandes empresas estadounidenses de exportación de gas y petróleo están buscando formas de superar la normativa europea respecto a la fracturación hidráulica (fracking) para poder incrementar sus beneficios. El primer ministro del Reino Unido, sin ir más lejos, denunció que la legislación europea permitía que «nuestros competidores vayan por delante de nosotros en la explotación de estos recursos»[15].

35. ¿Qué ocurrirá con la propiedad intelectual?

El Tratado incluirá disposiciones para promover los llamados derechos digitales, es decir, supuestamente para proteger a las empresas de la piratería digital. Pero en realidad esto puede suponer la restricción del acceso al conocimiento y la puesta de obstáculos a la innovación.

36. Eso me suena… ¿no se debatió ya en el Parlamento Europeo?

Efectivamente, el TLC busca recuperar el espíritu del Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA, por sus siglas en inglés). Aquel acuerdo fue debatido y felizmente rechazado en el Parlamento Europeo en el año 2012, pero las grandes empresas y sus lobbies no se han rendido y buscan ahora incluir los aspectos fundamentales dentro del TLC.

37. ¿Y cómo afectará a los ciudadanos esa inclusión?

Hay que recordar que en Estados Unidos las grandes empresas pueden acceder sin límites a toda la información privada de sus clientes. Así, empresas como Facebook, Google o Microsoft tienen capacidad de utilizar esa información como deseen. Sin embargo, en la Unión Europea hay límites que protegen ese espacio personal. ACTA y ahora el TLC buscan romper esa regulación europea para armonizarla con la falta de límites de Estados Unidos. Y ello incluye la posibilidad de que los proveedores de internet puedan dar toda la información -incluido el historial de navegación- a los gobiernos y grandes empresas. En definitiva, con la excusa de querer proteger los derechos de propiedad intelectual de las grandes empresas se vulneran claramente los derechos individuales de los ciudadanos.

38. ¿Y eso afecta a las medicinas?

Exacto, pues el TLC busca reforzar los derechos de propiedad intelectual. Y ello incluye el fortalecimiento de las patentes de las empresas farmacéuticas. Esta política supone un mayor coste para los presupuestos públicos en sanidad, retraso en la incorporación de genéricos y mayor coste de los medicamentos para los hogares. Hay que recordar que cuando un medicamento con patente compite con un medicamento genérico se produce una disminución del precio de los medicamentos en cuestión, todo lo cual beneficia no sólo a los hogares sino también a la administración pública.

39. ¿Y a los servicios públicos?

El Tratado alcanza a todos los sectores de la economía, incluido el sector público. Muchos de los sectores públicos en Europa son fundamentalmente privados en Estados Unidos, y existe la amenaza real de que las grandes empresas estadounidenses vean Europa como un gran mercado para su expansión. Al coincidir esto con las políticas de austeridad promovidas por la Comisión Europea, hay un riesgo más que evidente de que el deterioro de la calidad de los servicios públicos sea la excusa de una futura ola de privatizaciones en numerosos sectores públicos. Ello apunta a una reducción del Estado y su capacidad de intervenir en la economía.

40. Eso interpela a la democracia…

Sí. La democracia en su definición procedimental implica una serie de reglas que permiten a los ciudadanos elegir a los representantes que tomarán las decisiones políticas. Pero entre los requisitos previos se encuentra asimismo la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, que es en quienes reside la soberanía nacional. Sin embargo, este tratado de libre comercio atenta directamente contra este requisito al conceder una mayor protección legal a las grandes empresas que a los propios ciudadanos o a los Estados.

41. ¿Quiere decir que las grandes empresas se sitúan por encima de los Estados?

Desgraciadamente así es, dado que el TLC incluirá una cláusula de protección de los inversores extranjeros (conocida como Investor-State dispute settlement, ISDS) que permitirá a las multinacionales demandar a los Estados cuyos gobiernos aprueben leyes que afecten a sus beneficios económicos presentes o futuros.

42. ¿Entonces el TLC estará por encima de la Constitución de cada país?

Sí, será como una supraconstitución. Y los tribunales internacionales de arbitraje, que no están constituidos por jueces independientes, tendrán un nivel judicial más alto que los tribunales nacionales. Así, un Estado puede ser condenado por un tribunal internacional por haber vulnerado los posibles beneficios de una multinacional. Pero además las grandes empresas pueden obviar los tribunales locales y directamente demandar a los Estados a través de tribunales internacionales, algo que ningún ciudadano puede hacer.

43. ¡Eso ni en la ciencia ficción!

Ojalá sólo fuera parte de una novela distópica. Pero la realidad es que estas cláusulas y los tribunales internacionales de arbitraje ya existen en el mundo desde hace mucho tiempo, pues han llegado de la mano de muchos otros tratados de libre comercio. Lo que sucede es que esta vez llegan a la Unión Europea de una forma mucho más clara.

44. ¿Y ya hay empresas que hayan demandado a los Estados?

Sí, por ejemplo la multinacional estadounidense Phillip-Morris ha demandado a Uruguay por 2.000 millones de dólares por haber puesto alertas sanitarias en las cajetillas de tabaco. Otra multinacional como Vattenfall ha demandado a Alemania por 3.700 millones de dólares por haber apagado sus centrales nucleares. Otra como Lone Pina ha demandado a Canadá por 250 millones de dólares canadienses por la moratoria de fracking que aprobó el Gobierno de Quebec.

45. ¿Se han dado sentencias condenatorias contra los Estados?

Hay muchos ejemplos. Ecuador fue sentenciado a pagar 2.300 millones de dólares a la petrolera Occidental Petroleum por abandonar la construcción de un pozo de petróleo en el Amazonas. E incluso Libia tuvo que pagar 900 millones de dólares de ”beneficios perdidos” por un proyecto turístico en el que sólo se habían invertido 5 millones de dólares.

46. ¿Cuál es la base de esas denuncias que ganaron las multinacionales?

Fundamentalmente argumentan que las decisiones de los gobiernos les han quitado la expectativa de beneficios futuros. Es decir, se trata de un concepto que se extiende hasta las supuestas ganancias perdidas a causa de determinadas políticas.

47. Eso quiere decir que los gobiernos están en indefensión…

Claro, porque el comportamiento de los Gobiernos cambia en la medida que existe una amenaza permanente de demandas multimillonarias por parte de las multinacionales. Por ejemplo, el ministro de Salud de Nueva Zelanda anunció el retraso de la aprobación de un pack sanitario hasta que se conociese la sentencia de Phillip Morris contra Australia.

48. Si un gobierno cambia y quiere aplicar otra política, ¿qué ocurre?

Pues que es carne de cañón para todas las multinacionales que crean que ese cambio afecta a sus beneficios presentes y futuros. El caso paradigmático es Argentina, que tras la crisis de 2001 cambió radicalemente de política económica para intentar proteger a sus ciudadanos y desde entonces ha recibido más de 40 denuncias por parte de multinacionales…

49. Bueno, los Estados siempre pueden ganar en un juicio

Difícilmente en muchos casos. Hay que pensar que las multinacionales cuentan además con gabinetes de abogados especializados en la materia que generalmente están mucho más preparados que los abogados de los propios Estados. Pocos Estados se pueden permitir pagar la alta remuneración que reciben los abogados de las grandes multinacionales, y mucho menos mantener un equipo entero especializado en el tema.

50. ¿Podríamos decir que es un negocio económico en crecimiento?

Sí, a finales de 2013 había un mínimo de 268 demandas pendientes contra 98 países (UNCTAD). En los noventa sólo había una docena. Se trata de un nuevo negocio en sí mismo, lo que ha hecho que muchas empresas de abogados se hayan especializado y estén dispuestas a litigar por cualquier evento que crean puede servir para sacarle dinero a los Estados, desviándose como consecuencia grandes cantidades de recursos y fondos públicos hacia las grandes empresas, en lugar de dedicarse a los servicios públicos fundamentales que garanticen la vida digna de las personas.

¿Porqué es malo el TTIP-Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones?

Las diez amenazas del TTIP a los pueblos europeos.

Amenaza 1.

INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO.

Supone que dado que EE.UU sólo ha ratificado DOS de las OCHO normas fundamentales de la O.I.T., se producirá una “armonización” de mínimos que implica una erosión de los derechos de l@s asalariad@s .

Amenaza 2.

DEGRADACIÓN DE LOS DERECHOS DE REPRESENTACIÓN COLECTIVA DE L@S ASALARIAD@S.

Implica “erradicar” las barreras que frenan el flujo de mercaderías entre los dos continentes. Lo que facilitará a las empresas elegir la localización de los centros de producción en función de los costes sociales.

Equivale a un debilitamiento del derecho de l@s trabajador@s garantizado en la Carta de Derechos fundamentales de la U.E.

Amenaza 3.

DEBILITAMIENTO DE LAS NORMAS Y ESTÁNDARES TÉCNICOS.

Riesgos de los consumidores. En Europa la aparición de un producto en el mercado está condicionado a una evaluación previa sobre los riesgos que presenta. En EE.UU. la evaluación se produce a posteriori con la garantía de hacerse cargo de las consecuencias después de la salida al mercado.

Estos riesgos incluyen también los ligados a las condiciones de trabajo, la salud y la seguridad profesional, Ignorados completamente por EE.UU.

Esta armonización entraña peligros como:

  • El debilitamiento del principio de precaución.
  • Retroceso en la protección del lugar de trabajo.
  • Perspectiva de creación de una “Consejo de Cooperación Reglamentaria”, que escapa al control democrático.

Amenaza 4.

RESTRICCION A LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN DE PERSONAS.

La circulación de personas está condicionada a la forma de “prestación de un servicio”, (modo 4), lo que contribuye al dumping social dentro de la U.E.

El derecho fundamental a la libertad de circulación de personas no aparece. La movilidad y la migración sólo son consideradas desde el punto de vista económico.

Amenaza 5.

AUSENCIA DE SANCIONES ANTE LOS ABUSOS.

Aun cuando los Tratados incluyen un apartado de “desarrollo sostenible”, que engloba disposiciones relativas al derecho social, del trabajo, la ecología, etc., no se prevé ningún mecanismo de resolución de conflictos, ni posibilidad de sanción en caso de violación.

Amenaza 6.

DESAPARICIÓN PROGRESIVA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

Negociaciones orientadas a una apertura a la privatización de los servicios públicos, mediante la llamada “lista negativa” que implica que aquellos servicios inventariados que no estén cerrados a la privatización, están en disposición para privatizarlos.

También implica que todo tipo de servicios que surgiera para responder a nuevas necesidades, sería automáticamente clasificado como perteneciente al sector privado.

Amenaza 7.

AUMENTO DEL DESEMPLEO.

Dentro de la U.E. las empresas no europeas no pueden beneficiarse del mercado público. No ocurre así en EE.UU. donde las reglas que garantizan un mínimo de “contenido local” están muy expandidas.

Esto supone una ampliación de los mercados accesibles a las empresas de EE.UU., sin contrapartida para sus homólogos europeos, con consecuencias nefastas para el empleo dentro de la U. E.

Amenaza 8.

PÉRDIDA DE CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES.

Las reglamentaciones estadounidenses muestran poco apego por la protección de datos personales. En un contexto de liberalización de los servicios, la garantía de la protección de datos queda cuestionada y al almacenar los datos en una “nube”, queda muy impreciso el derecho a aplicar.

Amenaza 9.

SUMISIÓN DE LAS POBLACIONES A LA DEFENSA DE LA PROPIEDADD INTELECTUAL.

Las disposiciones de propiedad intelectual e industrial son objeto de negociaciones que podrían amenazar la libertad de internet, privar a los autores de la libertad de elección de difusión de sus obras e incluso limitar el acceso a los medicamentos genéricos.

Amenaza 10.

SUMISIÓN DE LOS ESTADOS A UN DERECHO HECHO A MEDIDA DE LAS MULTINACIONALES.

Este es quizás el aspecto más peligroso. L@s neoliberales tienen una firme voluntad de transformar el mundo, poniendo tribunales que escapan a cualquier control al servicio de las multinacionales. Ello implica que los Estados no podrán legislar muy poco o nada sobre derechos laborales, sociales o medioambientales que perjudiquen a las empresas, lo que supone dejar en papel mojado el funcionamiento democrático.

Existen antecedentes que confirman este temor.

Los sutiles límites entre la cordura y la locura: El famoso experimento Rosenhan.

Hay algunos experimentos que ponen en jaque los métodos actuales de diagnóstico en salud mental.

Rosenhan fue un psicólogo estadounidense que se dedicó al estudio de muchos temas, entre ellos la psicología educacional y el uso de la psicología en el ámbito legal/judicial. Sin embargo su trabajo más célebre es el famoso experimento que se recuerda con su nombre y que fue publicado en la revista Science a comienzo de los años setenta con el título de “Sobre estar sano en lugares insanos”.

cordura-locura

El experimento:

El experimento de Rosenhan fue simple en su idea de base, pero genial en el efecto y logros que consiguió. El experimento consistió en reclutar personas que gozaban de cierto estándar de salud mental, y convertirlos en un grupo de “pseudo-pacientes”. El propio Rosenhan y sus colaboradores, quienes representaban diversos perfiles, se hicieron admitir en doce hospitales psiquiátricos en varios estados de Estados Unidos, nuevamente de las más variadas condiciones (por ejemplo hospitales con poca demanda, hospitales saturados de pacientes, hospitales con poco personal, y hasta un hospital privado de alto prestigio).

Foto: Internet

Todos los pacientes tenían la instrucción de decir que habían oído una voz, y cuando les preguntaran qué decía esta voz debían responder: “Vacío”, “hueco”, o que oían el sonido de un golpe seco. Este “síntoma” fue elegido debido a la similitud o referencia que puede tener con una pregunta o conflicto de tipo existencial, y además por el hecho de que los investigadores no fueron capaces de encontrar evidencia alguna en toda la literatura de una psicosis o locura de estas características. Este síntoma, la alteración del nombre del “paciente” y su profesión fueron los únicos cambios que se hicieron a la hora de la presentación en el hospital. Los pacientes mantuvieron sus “personalidades” e historia personal a la hora de ser entrevistados por el personal y los médicos de los establecimientos.

¿Cuál era el objetivo? Poner a prueba los métodos de ingreso de los establecimientos y la capacidad de los profesionales de la salud mental que trabajaban en los mismos. La idea original era que estos “pseudo-pacientes” comprobarían si eran admitidos dentro del servicio a pesar de su falsa sintomatología, y luego daría paso la parte más importante de la investigación.

El estigma de la enfermedad mental

Este próximo paso consistió en que una vez admitidos, debían reportar mejoría, comenzar a demostrar sentirse bien, y haber dejado de experimentar los síntomas mencionados. Al hacer esto, los participantes se encontraron con la enorme sorpresa de que no los dejaban salir. Para el personal médico y administrativo, estas personas seguían siendo enfermos mentales, trastornados, que necesitaban estar internados en la institución (en tratamiento y medicamentados). A pesar de los esfuerzos por salir, todo intento de mostrar “sanidad” era interpretado como parte o síntoma de su enfermedad. Por ejemplo, muchos de los “pseudo-pacientes” tomaban notas de sus rutinas diarias e indicaciones médicas como parte de su experiencia, lo que muchos de los médicos interpretaban como parte de su patología, y en su defecto como algo indigno de ser tomado en cuenta.

Por otra parte, muchos de los “enfermos” que estaban ya internados en la institución sospecharon desde un principio de los “pseudo-pacientes” porque no actuaban como enfermos, y por ejemplo pensaron que eran periodistas o investigadores basándose en la cantidad de notas que tomaban. A pesar de todo esto, muchos “pseudo-pacientes” no fueron “liberados” pasados varios meses de internación.

Conclusiones

Las conclusiones de este experimento son muchas, la primera y la más mencionada es la dificultad de hacer buenos diagnósticos psicológicos y psiquiátricos. Este estudio puso en marcha muchos cambios en la concepción y la academia de la psicopatología. En segunda instancia, este estudio también demuestra y nos advierte a los profesionales que somos susceptibles de dejar que el contexto y juicios previos nublen nuestra capacidad de observación, por ejemplo, no poder ver a personas saludables detrás de la idea deque son enfermos. Sin embargo, lo más importante para Rosenhan era el tamaño del estigma que genera ser etiquetado de “enfermo mental”.

Estas personas sanas fueron privadas de libertad por la idea de que padecen una enfermedad mental, por lo demás, no observable ni en sus palabras o en su conducta. Estas personas dejaban de ser personas, y pasaban a ser pacientes psiquiátricos, aún cuando la enfermedad estaba dada por el rótulo que les fue impuesto. De hecho las personas al ser dadas de alta conservaban su diagnóstico, por ejemplo:“esquizofrénico en remisión”.

¿Les interesa saber una última parte interesante del experimento? Otro hospital desafió a Rosenhan a volver a intentar el experimento, esta vez para probar que si sabiendo que existen “pacientes falsos”, el personal era capaz de detectar a los falsos y admitir a los enfermos reales. De casi 200 pacientes, el personal de este hospital calificó a 41 de ellos de ser “pseudo-paciente” con un alto grado de confianza, al menos 23 de ellos fueron detectados por médicos psiquiatras. Lo interesante de este resultado es que Rosenhan no envió a ninguno de sus “pseudo-pacientes” a este hospital.

Me parece indispensable que este tipo de experimentos existan y se repliquen en los sistemas de salud a los que nos acogemos. No porque sospeche de la mala intención de los mismos o de los profesionales de la salud mental, tampoco porque tenga un afán revolucionario de echar abajo las instituciones y el trabajo de los demás, no. La razón es porque, como todo otro ámbito de nuestra sociedad, la salud mental está a cargo de individuos que también son humanos, también cometen errores, y que también forman parte de sistemas y contextos que los llevan a hacerlo. Por lo mismo es importante mantenerse revisando el propio trabajo, revisando los propios errores, y enmendándolos en la medida de lo posible.

 

“ La industria farmacéutica está causando más muertes que los cárteles de la droga ”

El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM, por sus siglas en inglés) contiene la clasificación de las enfermedades mentales según la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, y se usa en todo el mundo para decidir quién padece una enfermedad mental y quién no.

El doctor Allen Frances (1942), catedrático emérito de la Univesidad de Durham, dirigió la penúltima edición de la conocida como “Biblia de la psiquiatría”, el DSM IV. Entonces, trató de elevar los criterios bajo los cuales se puede calificar a alguien como enfermo mental. Pero no lo consiguió. El DSM IV se empezó a utilizar, a juicio de Frances, de forma incorrecta para hacer explotar la burbuja de la inflación diagnóstica y la medicación. Hoy, sobre todo en EEUU, las cifras son preocupantes: el 20% de las personas toman un medicamento psiquiátrico a diario y una cuarta parte de la población tiene un diagnóstico de enfermedad mental.

Aunque a Frances no le hacía ninguna gracia el nuevo DSM, no tenía intención de criticarlo públicamente (la polémica sería enorme entre los psiquiatras, tratándose del director de la anterior edición), pero tras una fiesta de la asociación cambió de opinión. “Me horrorizaba el ingenuo entusiasmo de las personas que trabajaban en el DSM 5. Donde ellos veían magnificas oportunidades yo veía graves riesgos”, reconoce Frances en su nuevo libro, ¿Somos todos enfermos mentales? (Ariel), que acaba de publicarse en España. El nuevo DSM iba a ser un desastre, y su antiguo director se decidió a tomar partido.

Ayer Frances visitó Madrid y fue muy claro: si el DSM 5 tiene éxito (algo que aún está por ver) el 81% de la población de entre 11 a 21 podría ser diagnosticada con una enfermedad mental. La inflación diagnóstica puede llegar al absurdo. Y el psiquiatra cuenta con numerosos ejemplos.

“Con el nuevo DSM –explica Frances–, tan sólo dos semanas después de que alguien pierda a un ser querido, un médico puede diagnosticar depresión clínica. Si alguien tiene síntomas propios del duelo no va a acudir a un psiquiatra, va a ir al médico de cabecera, que en Estados Unidos pasa de media 7 minutos con cada paciente, cifras que no serán muy distintas a las de España. Quizás ni siquiera conozca al paciente bien”. No importa, asegura el psiquiatra, en un momento podrá (con el manual en la mano) decir que tiene depresión y recetarle antidepresivos. Y la situación se repite con numerosos trastornos que, desde la publicación del nuevo DSM (en mayo de 2013), son mucho más sencillos de diagnosticar.

Y no hay que ser un genio para darse cuenta de que el verdadero beneficiado de esta nueva situación es la industria farmacéutica. “Las farmacéuticas están alertando ya a los médicos que la depresión debe ser diagnosticada en personas que están pasando un duelo”, asegura Frances. “Es parte de su campaña de promoción”.

Una deriva muy peligrosa

En su opinión, aunque el nuevo DSM 5 genere enormes beneficios para las farmacéuticas, estas no están detrás de sus errores. Es más bien el ego y la falta de perspectiva de los psiquiatras lo que ha provocado todo esto.

“Conozco muy bien a la gente que ha trabajado en el DSM 5 y no creo que tengan un interés sea ayudar a las farmacéuticas”, asegura Frances. “Es gente de buen corazón que ha tomado decisiones muy estúpidas, pero no por la presión de las farmacéuticas, sino porque han sobrestimado la importancia de su campo de estudio, sin darse cuenta del daño que puede hacerse cuando las cosas que pueden funcionar para ellos en la universidad se lleven a la práctica clínica”.

Si las farmacéuticas hubieran pagado a los profesionales por redactar el DSM estaríamos ante un escándalo mayúsculo. Pero lo que han logrado es casi peor, ya que está más arraigado: han conseguido que todos (médicos y pacientes) creamos que las drogas son la única solución a nuestros problemas. “Esta colosal industria está lavando el cerebro a todo el mundo para que tomen pastillas, aunque no las necesiten”, explica Frances.

El psiquiatra insiste en que las farmacéuticas no han tenido ninguna influencia directa en el DSM –“no es así como van las cosas”–, pero una vez publicado van a exprimir sus posibilidades hasta la última gota: “Miran hasta los márgenes, buscando cómo pueden usar los diagnósticos en su provecho. Las farmacéuticas tienen millones de dólares, y la más brillante mercadotecnia, a la espera de encontrar cualquier nuevo trastorno para convertirlo en moda. Así ocurrió con el TDAH, con la depresión, con el desorden bipolar… Tomaron la definición, que funciona bien si se usa con cautela, y la hicieron confusa en la práctica general”.

Un problema que afecta a toda la medicina

Para Frances, la inflación diagnóstica no es exclusiva de la psiquiatría, es común a toda la práctica médica y es algo que debería preocuparnos. Mucho. “Si tienes 60 años y eres mujer, es casi imposible no tener osteoporosis, porque la definición de unos huesos ‘normales’ está basada en los huesos de las mujeres de 20 años”, asegura el psiquiatra. “Se ha patologizado todo”.

Pero si esto ocurre con todos los campos de la medicina, cuando hablamos de enfermedad mental la cosa se complica. “En psiquiatría no hay análisis de sangre para saber si una persona es normal o no”, explica Frances. “Si la línea que separa a las personas a las que se les puede diagnosticar un trastorno y las que no se desplaza aunque sea un poco, y puedes presionar para que eso ocurra, la diferencia es de millones de pacientes”.

El ejemplo más claro de esta vergonzosa inflación diagnóstica es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). “La forma más fácil de predecir que un niño va a padecer TDAH es su cumpleaños”, explica Frances. “Si eres el niño más pequeño de tu clase, tienes el doble de posibilidades de padecerlo que si eres el más mayor. Estamos transformando la inmadurez en enfermedad, y en vez de tratarla en clase, estamos gastando millones de dólares en medicamentos”.

“Desde la perspectiva de la industria farmacéutica –continua Frances– esto es genial. No hay mejor cliente que un niño. A las farmacéuticas no les interesa desarrollar antibióticos que la gente sólo va a tomar dos o tres días, pero van a hacer todo lo posible para vender medicamentos a los niños, porque serán consumidores para toda la vida”. Medicamentos que, en numerosas ocasiones, causan más problemas de los que resuelven. “Los antipsicóticos hacen a los niños muy gordos”, explica el psiquiatra. “Ya tenemos una epidemia de obesidad infantil que provoca diabetes y muerte prematura”.

Hay espacio para el optimismo

Para Frances la solución a este problema es bien sencilla: hay que limitar el poder de las farmacéuticas y promover una vuelta a la práctica clínica racional, humanizada. “Cualquier problema múltiple se resuelve de forma más efectiva a través de la psicoterapia que a través de la medicación”, asegura el psiquiatra. “Sí, es más barato dar drogas a un paciente en los primeros meses, pero si tiene que estar medicado toda la vida es muy caro. Si pensamos en la vida de los pacientes es mejor gastar dinero en diagnósticos más precisos y cuidadosos y en psicoterapia, y menos dinero en aumentar los diagnósticos y la medicación”.

El psiquiatra pide sentido común en la práctica médica, y mano dura con las farmacéuticas. “A veces, cuando la situación se vuelve indignante, acaba ganando el sentido común”, asegura Frances, que cree que se puede luchar contra ciertos comportamientos de la industria farmacéutica al igual que se acabó con el tabaquismo: presionando a los Gobiernos para que establezcan unas regulaciones más duras.  

“Las farmacéuticas venden una píldora para tratar la hepatitis C por miles de dólares a Europa y luego venden la misma píldora a Egipto por 10 dólares”, afirma Frances visiblemente enfadado. “La gente tiene que empezar a darse cuenta de que esta gente no son nuestros amigos. No es gente que se preocupa por nosotros: se preocupan por sus beneficios, y debemos ser escépticos y controlarlos. Los doctores están prescribiendo narcóticos como locos, y la industria está empezando a ser más peligrosa que los cárteles de la droga, y ya está causando más muertes. Esto es tan indignante que el cambio tiene que ser inminente”.

INDUSTRIAFARMACEUTICAallenfrancesEl doctor Allen Frances

 

El Gobierno ha esperado medio millón de ejecuciones hipotecarias para facultar al consumidor a oponerse a un embargo.

Con la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el afectado por un procedimiento de ejecución hipotecaria podrá apelar para reforzar su oposición al embargo aludiendo a la existencia de cláusulas abusivas en su préstamo.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley sobre medidas urgentes en materia concursal que incluye una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que aborda “las modificaciones legales necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de julio de 2014, modificando la Ley de Enjuiciamiento Civil”, según nota del Consejo de ministros.

Así, explica el Gobierno, el deudor hipotecario “podrá interponer recurso de apelación contra el auto que desestime su oposición a la ejecución, si ésta se fundara en la existencia de una cláusula contractual abusiva”. Es decir, las autoridades han tenido que esperar seis años de crisis hipotecaria, más de medio millón de ejecuciones hipotecarias y unos 300.000 lanzamientos a lo largo de estos años para modificar una ley profundamente injusta y abusiva.

Y, además, a instancias de la Unión Europea, que ha escuchado las reivindicaciones de los consumidores antes que el propio Gobierno español. Hasta la fecha, el deudor afectado por un procedimiento de ejecución no podría recurrir una vez que el juez rechazaba su oposición al desahucio aún a pesar de la existencia de cláusulas abusivas, como los suelos, u otras condiciones hipotecarias profundamente lesivas e injustas para los consumidores.

Desde el anuncio del Consejo de Ministros, “esta nueva previsión se aplicará a los procedimientos de ejecución hipotecaria en los que no se hubiera producido la puesta en posesión del inmueble al adquirente. Adicionalmente, se prevé un plazo de un mes para los procedimientos en los que hubiera concluido el plazo para recurrir el auto que hubiera desestimado la oposición”, es decir, se abre una puerta para “alargar la agonía” de nuevos desahucios, que en este año 2014 mantienen un ritmo similar al de los dos años preferentes.

CLAUSULASUELO

Porque el anuncio del Consejo de Ministros obvia un elemento fundamental de la sentencia de los tribunales europeos. Como venía defendiendo ADICAE, el Tribunal Europeo consideraba que ante una ejecución hipotecaria el consumidor puede alegar la existencia de otro procedimiento judicial sobre abusividad de cláusulas de la hipoteca para paralizar la demanda del banco. El anuncio del Gobierno se refiere únicamente a la “existencia de cláusulas abusivas”, ignorando el procedimiento declarativo completo que debería paralizar por completo la ejecución.

Además, se ha desaprovechado una nueva oportunidad, la enésima, para abordar realmente la implementación de una normativa que regule un proceso concursal real para los consumidores. ADICAE reiterará una vez más al Gobierno y los grupos parlamentarios la propuesta de impulso urgente e inmediato a un procedimiento concursal especial para consumidores, que tenga como objeto en primer lugar evitar, en los casos en que resulte posible, la pérdida de la vivienda impidiendo además que, en el caso que esto suceda, el consumidor se vea condenado a una deuda perpetua.

Islandia: la alternativa viable.

José Francisco Bellod Redondo
Doctor en Economía

Islandia, un pequeño país de tan solo 320.000 habitantes y extensión territorial equivalente a la quinta parte de España, ha dado una muestra ejemplar de coraje y civismo en la forma de enfrentar la grave crisis financiera en la que estaba inmersa por culpa de la especulación. Y viene demostrando, desde 2010, que es posible hacerlo minimizando el impacto social de las políticas económicas.

Al igual que otras economías europeas, Islandia experimentó importantes tasas de crecimiento económico entre 2004 y 2008, al unir a su negocio tradicional (la exportación de recursos pesqueros), una frenética actividad especulativa. A partir de 2004 la banca islandesa registró un intenso crecimiento meramente especulativo, basado en la captación de ahorros de los ciudadanos y la emisión masiva de bonos. Tres bancos privados (Glitnir, Lansdbanki y Kaupthing) obtuvieron ingentes recursos en los mercados internacionales mediante depósitos de dudosa transparencia no garantizados por las autoridades del país.

Pero esta estrategia de casino no tardó en fracasar: el colapso financiero mundial que se produjo con la crisis de las hipotecas “subprime” (agosto de 2007) y la quiebra de Lehman Brothers (septiembre de 2008) trajo consigo la quiebra de la banca privada islandesa y en 2008 los activos en que se había invertido el dinero ya no valían nada. El Gobierno de coalición (conservadores + socialdemócratas) optó por nacionalizar los tres bancos y restringir la retirada de fondos. Pero ya era tarde: en un alarde de perspicacia financiera, y adivinando la que se les venía encima, los espabilados banqueros habían vaciado lo poco que quedaba en la caja días antes de ser intervenidos: igualito que en Argentina justo antes del “corralito”.

La reacción de los especuladores institucionales, y también la de miles de ingenuos ahorradores entusiasmados con la magia de la burbuja financiera, no se hizo esperar: exigieron ser indemnizados… y se lo exigieron al Gobierno islandés, no a los banqueros saqueadores, a pesar de que los activos emitidos por esos bancos carecían del respaldo del Gobierno de Islandia, al no tratarse de depósitos tradicionales. El Gobierno británico, liderado entonces por el laborista Gordon Brown, llegó incluso a hacer uso de la legislación antiterrorista para congelar activos islandeses depositados en instituciones británicas y garantizarse el cobro de las indemnizaciones millonarias.

En enero de 2009 las movilizaciones ciudadanas provocaron la dimisión del primer ministro islandés (el conservador Geir Haarde) y la convocatoria de elecciones anticipadas, ganadas por una coalición de centro-izquierda. Ante la imposibilidad de devolver el dinero con los fondos encontrados en las cajas de los bancos, el nuevo Gobierno islandés, plegándose a las presiones de los especuladores, planteó indemnizarles con cargo al presupuesto del país, endeudándose en 3.500 millones de euros. En apoyo a tal propuesta, los poderes fácticos enarbolaron un discurso de sobra conocido en España: plegarse a las exigencias de los mercados financieros es el mejor camino para restaurar la confianza de los mercados.

El escándalo político fue mayúsculo porque cada ciudadano islandés tendría que contribuir con unos 11.000€ a pagar la gestión delictiva de tres bancos privados. Además, se solicitaría un préstamo adicional de 2.100 millones de dólares al FMI con el consiguiente programa de ajuste neoliberal.

La aprobación de dicha ley de indemnización provocó una nueva oleada de protestas y en enero de 2010 el presidente del país, el excomunista Ólafur Ragnar Grímsson, se negó a ratificarla convocando un referéndum para que la ciudadanía se pronunciase al respecto. En dicho referéndum, celebrado el 6 de marzo de 2010, el 93% de los votantes dijo “NO” al plan gubernamental: los ciudadanos islandeses no resarcirían a los  especuladores británicos y holandeses por la mala gestión de los banqueros. Es más: se inició un proceso judicial contra los gestores de los bancos citados en los que incluía a 160 imputados. Asimismo, se procedió a convocar una asamblea constituyente para reformar la Constitución del país. Bajo el liderazgo del presidente Grímsson, la política económica de Islandia daba un esperanzador giro hacia la heterodoxia.

Por aquel entonces España vivía una situación similar: el prolongado proceso especulativo que había experimentado el sector de la vivienda entre los años 1999 y 2007, conocido como “boom del ladrillo”, eclosionó víctima de sus propios desequilibrios internos y de la confluencia de la crisis de las “hipotecas subprime” que había envenenado los mercados financieros internacionales.

Inicialmente, el Gobierno de España optó por una política tibiamente keynesiana conocida como “Plan-E”: un programa de obras públicas en todo el país que pretendía absorber la mano de obra excedente del sector de la construcción y expandir la demanda agregada. Pero el Plan fracasó, entre otras razones por la falta de respaldo de las instituciones europeas y, muy especialmente, del Banco Central Europeo (BCE): sin dinero barato no es posible implementar políticas expansivas y los creadores del BCE, instigados por los financieros alemanes, se encargaron de cerrar esa opción al redactar sus estatutos. La adquisición de deuda pública en el mercado primario quedaba expresamente prohibida y la compra en los mercados secundarios quedaba a discreción del Consejo de Gobierno del BCE, un organismo plagado de fundamentalistas neoliberales ligados profesionalmente a la banca privada.

A partir de 2010 la crisis se recrudece con el escándalo de la falsa Contabilidad Nacional griega. Y es ahí donde España e Islandia divergen definitivamente en el diseño de sus respectivas políticas económicas.

España abandona el tímido keynesianismo del “Plan-E” y su política económica se hace cada vez más ortodoxa en un intento de lograr la anuencia de los mercados financieros: se incrementó el IVA, se redujeron los salarios de los empleados públicos y se recortó el gasto público con el ánimo de contener un creciente déficit público cada vez más difícil y costoso de financiar. Pero cuanto más contractiva era la política fiscal más caía el PIB y mayor era el déficit público debido a los menguantes ingresos tributarios.

La política fiscal contractiva no fue la única respuesta neoliberal frente a la crisis. El Gobierno del señor Zapatero hizo suyos los postulados más conservadores al considerar que la falta de flexibilidad del mercado de trabajo era un handicap para la recuperación económica. Se reformó el Estatuto de los Trabajadores, abaratando y facilitando el despido; se reformó la Ley General de Seguridad Social, retrasando la edad de jubilación de 65 a 67 años y reduciendo en una media de un 15% el importe de las futuras pensiones.

Pero quizá la medida más degradante para el conjunto del país fue la reforma de la Constitución pactada por PP y PSOE a instancias del BCE: lejos de atender a los guiños del Gobierno español, los mercados financieros y particularmente su mayor adalid, el BCE, amenazaban con abandonar a su suerte a la economía española, salvo que mediante una reforma constitucional y sin respaldo popular (no hubo referéndum), se salvaguardasen los intereses de los tenedores de deuda pública española.

Con la llegada al poder del señor Rajoy en 2011 se endurecen las mismas políticas implementadas por el presidente Zapatero y se despliega un amplio programa de rescate bancario. Nuevo guiño a los mercados: salvando a los bancos hundidos por sus prácticas especulativas se esperaba recuperar la confianza de los mercados financieros y estabilizar la economía.

En junio de 2012, se firma por el Gobierno español y la troika (Comisión Europea + BCE + FMI) un plan de rescate bautizado con el ampuloso nombre de “Memorándum de Entendimiento” (MoU), en virtud del cual se otorga una línea de crédito de 100.000 millones de euros a España, pero con condiciones políticas muy precisas y onerosas: la principal, que el dinero será empleado para rescatar bancos y que los clientes víctimas de estafas como las “participaciones preferentes” no recuperarían ni un céntimo. Como cualquier otro plan de ajuste, el dinero iba acompañado de una serie de medidas de política económica: incremento del IVA, una nueva reforma laboral, un programa de reducción del déficit público… Por supuesto, ningún banquero fue procesado. De hecho, algunos fueron premiados: Luis de Guindos, miembro del consejo de administración de uno de los bancos rescatados, fue ascendido a ¡ministro de Economía!… y hoy se postula como presidente del Eurogrupo…

Es evidente que las políticas de Islandia y España han sido divergentes aun cuando el problema de fondo era el mismo: recomponer una economía rota por las prácticas especulativas.

La estrategia de Islandia pasaba por la confrontación del Gobierno con los mercados, un gobierno ampliamente respaldado por el pueblo en permanente movilización. La estrategia de España, cuyos gobernantes nunca anunciaron sus intenciones antes de cada convocatoria electoral, fue de servidumbre: aceptar las imposiciones de los mercados financieros para evitar el caos.

¿Cuáles han sido los resultados de políticas tan disímiles?

En Islandia, lejos de producirse el caos financiero que auguraba la propaganda neoliberal, la economía ha ido estabilizándose tras un breve brote inflacionista. El crecimiento económico logró pronto recuperar tasas importantes, de hecho 2013 cerró con un crecimiento del PIB del +3,3% mientras que en España caía a una tasa del -1,2%. Para el año en curso se espera que la economía islandesa crezca un +3,1% frente al +1,1% de España. Gracias a la política económica implementada en Islandia hoy la crisis está prácticamente superada: su PIB per cápita es sólo tres puntos inferior al que disfrutaban los islandeses antes de la crisis. En España el camino por recorrer hasta recuperar los niveles de bienestar previos a la crisis es mucho mayor: nuestro PIB per cápita es todavía siete puntos inferior.

La experiencia demuestra que hay vida al margen del euro: mientras en España el abandono del euro es un tema tabú, para los islandeses la no pertenencia al euro ha sido una bendición, ya que les ha permitido ganar competitividad y poner límites a los movimientos de capital especulativos.

La posibilidad de devaluar la moneda e implementar una política monetaria autónoma y expansiva han permitido que hoy la tasa de paro islandesa sea del 5%, frente al 25% de la española. La negativa a implementar recortes presupuestarios no sólo ha permitido a los islandeses superar la crisis, sino hacerlo con un reducido coste social: en Islandia la tasa de pobreza es del 13% frente al 28% de España; y la desigualdad de renta (indicador S80/S20) es del 3,4 frente al 6,3 de España.

Otro de los temores azuzados desde el poder anunciaba a la debacle de las finanzas públicas, que seguiría al abandono del euro. Falso: el nivel de endeudamiento de Islandia es inferior al de España (91% frente al 100% del PIB), y su situación es más saneada, puesto que exhiben un déficit público del -2,1% del PIB frente a nuestro -7,1%. Al implementar políticas económicas que impulsan el crecimiento, las arcas públicas se nutren de recursos tributarios, el déficit público se reduce y el endeudamiento se hace más llevadero.

Las enseñanzas de la experiencia islandesa son claras en materia política: la presión popular ha obligado ha reescribir el guión con una salida más social a la crisis, una salida muy diferente a la que se ha tomado en Irlanda, Grecia o España. Ha habido recortes sociales, pero su dureza ha sido atenuada por la movilización ciudadana. La estrategia española, por el contrario, demuestra que el miedo a los mercados se paga muy caro en términos de crecimiento, empleo y bienestar.

islaniaversusespaña

Las Grandes empresas no pagarán por sus ganancias en la bolsa. El PP gobierna en contra de los intereses de España.

Las grandes compañías no tendrán que pagar impuestos por los dividendos que ingresen al comprar acciones de otras empresas si compran más del 5% de una empresa o invierten más de 20 millones. La medida premia a las grandes corporaciones y daña a las pymes. 

La letra pequeña de la reforma fiscal sigue dejando regalos a las grandes corporaciones. El último, es una rebaja fiscal en los ingresos que les reportan sus inversiones en bolsa. Según el texto, las empresas con participaciones superiores al 5% en otras compañías o con inversiones que superen los 20 millones de euros quedarán totalmente exentas del pago de impuestos si esas inversiones les reportan beneficios.

La modificación supone una rebaja de impuestos a los grandes bancos y corporaciones puesto que son las únicas con volumen de negocio suficiente para realizar inversiones superiores a 20 millones de euros. De hecho, el nuevo umbral flexibiliza quién podrá gozar de esa rebaja de impuestos ya que, hasta el momento, los beneficios fiscales comenzaban a partir de los 50 millones de euros.

Según revela hoy el diario El País, el Ejecutivo no ha cuantificado el efecto de la rebaja. El texto sólo apunta que “la revisión del mecanismo de eliminación de la doble imposición que se introduce en el proyecto no conlleva efectos recaudatorios directos sino como consecuencia de los que se deriven de la liquidación del impuesto”.

El efecto práctico es una rebaja de impuestos para las grandes empresas en perjuicio de las pymes que no disponen de 20 millones de euros para realizar inversiones bursátiles semejantes. 

Rebaja también a las participaciones en el extranjero

El nuevo texto también exime del pago de impuestos al capital que las empresas tengan en el extranjero siempre que hayan tributado en otros países un Impuesto de Sociedades superior al 10%.

Sin embargo, los técnicos de Hacienda denuncian que un tipo del 10% y los beneficios fiscales que otros países conceden pueden significar en la práctica que las grandes compañías no paguen impuestos en el extranjero y tampoco lo hagan en España.  

La medida se encuentra recogida en el artículo 32 del texto que el Gobierno remitió en el mes de agosto al Congreso en un documento de 297 folios.  

El Ejecutivo justifica la medida en la armonización con la legislación europea. 

luisdeguindosmontoro

La industria farmacéutica no quiere curar a la gente sino hacer negocio con ellos.

Gwen Olsen la autora de confesiones de una ex camella de drogas, nos cuenta. La industria farmacéutica no quiere curar a la gente sino hacer negocio con ellos.

Que la industria farmacéutica está mas empeñada en curar los síntomas del Alzheimer que encontrar la cura para el alzheimer. Ni tienen intención de encontrar la cura para enfermedades del corazón o del cancer sino solo pastillas para tratar los síntomas.

Por ejemplo, los Antidepresivos S S R I que no funcionan, ya que solo funcionan en algunos casos muy severos, el hecho de que hacer deporte es lo mas efectivo para evitar la depresión, es algo que no te recomiendan los médicos, lo que te recomiendan es tomar pastillas de por vida.

La industria farmacéutica gana hasta 6 veces más de dinero que cualquier tipo de industria y lo hacen con la filosofía del mantenimiento de enfermedades y tratamiento de síntomas en lugar de la búsqueda de medicamentos que realmente curen las enfermedades.

Hay que distinguir entre un desorden y una enfermedad porque no se debe tratar un desorden con medicamentos como si se tratase de una enfermedad, que es lo que realmente pretende la industria farmacéutica.

Una vez empieces a tomar medicamentos tras medicamentos te convertirás en una víctima de la industria farmacéutica. Somos para la industria farmacéutica vacas para ganar dinero.

Ver el video de la entrevista http://youtu.be/wIWuEAFlg1Y

Los políticos acaban en los consejos de dirección de las eléctricas. Relación de políticos implicados.

Desde Jose Maria Aznar que trabaja en Endesa cobrando 200.000 euros al año, pasando por Jose Folgado ex secretario de estado de Energía que trabaja en Red Electrica de España, pasando por Felipe Gonzalez que trabaja en Gas Natural Fenosa, toda una manada de sinverguenzas trabaja en las compañías eléctricas, demostrando la relacion que hay entre los partidos políticos PPSOE y las grandes eléctricas y su política de comportarse en contra de los intereses de los ciudadanos. Pincha en la foto para ampliarla.

relacionentrepoliticosyelectricas

¿Qué pensarias sobre el nuevo lider del PSOE Pedro Sanchez si fuera verdad lo siguiente?

PEDRO SANCHEZ MIEMBRO DE CAJA MADRID DEL 2004 AL 2009.

VOTO A FAVOR DE LA VENTA DE LAS PREFERENTES QUE HAN ARRUINADO A MILES DE PERSONAS.

VOTO A FAVOR DE LA COMPRA DEL BANK OF FLORIDA QUE ARRUINO A LA CAJA MADRID Y OBLIGO A SU RESCATE.

VOTO A FAVOR DE LOS SUELDOS MILLONARIOS PARA LOS DIRECTIVOS DE LA CAJA MADRID.

VOTO EN EL CONGRESO EN CONTRA DE INVESTIGAR LAS CAUSAS DE LA QUIEBRA DE BANKIA.

criticasapedrosanches