La privatización de la Sanidad Española. Artículos.

El dinero que la sanidad pública paga a la privada ha crecido un 52% en 10 años.

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La sanidad pública paga cada vez más a la privada. Unos 7.600 millones de euros al año. Supone un 10,5% del gasto sanitario público que suma 72.000 millones anuales. Los datos de la Cuenta Satélite del Gasto Sanitario del Ministerio de Sanidad recogen un aumento de esta partida de 2.599 millones (un 52%) desde 2002 a 2011.

Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de privatización de la sanidad y entrada de empresas en la asistencia de los ciudadanos? Las vías de trasvase de dinero público al sector sanitario privado son variadas. Cada Administración defiende su realidad y no deja de subrayar la etiqueta de “sanidad pública”, ya sea ésta servida por medios propios, conciertos, convenios o concesiones a contratistas.

El Instituto para el Desarrollo y la Integración Sanitaria (IDIS) ha ordenado estos gastos por comunidades autónomas y tipos de pagos desde los presupuestos de Sanidad a las empresas privadas del sector. El IDIS es una entidad que defiende la entrada de las clínicas privadas como “eje de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, según su secretario general Juan Abarca.

La comunidad autónoma que más gasta en sanidad privada es Cataluña. Su sistema sanitario trasvasa 2.450 millones de euros a clínicas cada curso, un 24,1% del gasto. Canarias destina un 10,3% de todo su presupuesto sanitario a medios privados (286 millones de euros). Madrid y Baleares están ambas por encima del 8% con 713 y 112 millones respectivamente. En Andalucía, se paga mucho a empresas privadas de sanidad (446 millones de euros), pero supone un 4,7% de todo el dinero destinado a la salud. En los últimos puestos del ránking autonómico en términos relativos están Aragón (4%), Extremadura (4,3%) y Cantabria (4,5%).

El panorama es una maraña de fórmulas de contratación, cesión, concierto y encomiendas en la que se impone una mirada pormenorizada para ver el alcance de la privatización.

Sanidad mixta catalana

En Cataluña, se puede hablar de un sistema general mixto público-privado. La Generalitat tiene convenios singulares con 31 hospitales privados para que formen parte del Sistema de Utilización Pública. Además, entre 2008 y 2014 publicó 495 concursos para el diagnóstico por imagen, las terapias respiratorias, la atención primaria o los servicios socio-sanitarios.

Este esquema obliga a las arcas públicas catalanas a aportar esos casi 2.500 millones de euros a entidades sanitarias privadas. Es cerca de la mitad, el 41,8% de todo lo que el sector público paga al privado en España. A pesar de que, desde los 1.298 euros per cápita que Sanidad invertía en 2012, el Gobierno ha rebajado la partida a 1.095 –y el consejero Boi Ruiz reconoce que la cifra ideal son 1.500 euros-, la tasa de crecimiento del pago a entidades privadas ha estado en el 2,1% anual desde 2002 a 2011.

Los contratistas entran a escena

Sin duda, la polémica y preocupación ciudadana sobre la privatización sanitaria se ha agudizado especialmente con el proceso de entrada de empresas contratistas en la gestión directa de la sanidad. Tanto con la concesión de la gestión no médica de centros como los contratos completos que asignan a empresas privadas la construcción, administración y gestión sanitaria de hospitales de la red pública. Las sociedades privadas han visto cómo su negocio se ampliaba en la red pública española en los últimos años.

La Comunidad Valenciana: es la pionera en la adjudicación integral sanitaria a contratistas. Cinco departamentos de salud están así gestionados. Seis empresas (Ribera Salud, ACS, Lubasa, Sanitas, DKV y Asisa) se reparten en diferentes porcentajes cinco hospitales de la siguiente manera:

Alzira (Ribera Salud, ACS y Lubasa): 143,4 millones al año para la asistencia de 227.000 personas; Hospital de Denia (DKV y Ribera Salud): 94,8 millones para 150.000 ciudadanos; Hospital de Torrevieja (Sanitas): 123 millones para 195.000 alicantinos; y Hospital de Vinalopó (Ribera Salud y Asisa): 101 millones.

Las asignaciones se incrementan en el mismo porcentaje que el presupuesto de Sanidad elaborado por el Gobierno regional. Valencia le ha metido un acelerón al gasto público en sanidad privada a un ritmo de crecimiento del 10,9%. Gasta 442 millones al año (un 6,6% de su presupuesto). “A la Genertalitat le viene muy bien y las concesionarias tienen que hacer verdaderos esfuerzos para que les salgan las cuentas”, ha analizado el director general de IDIS, Manuel Vilches, dejando clara su visión sobre estos modelos.

Madrid: el Gobierno del PP ha impulsado las partidas de dinero público hacia medios sanitarios de empresas. Un 13,7% más de media en diez años. En 2011 se destinaron 714 millones de euros (un 8,5% del presupuesto total). El estudio de IDIS habla de “interdependencia” entre los sistemas sanitarios público y privado.

Existen cuatro hospitales nacidos como concesión para contratistas: Infanta Leonor (de IDCSalud) con un canon de 33 millones; Torrejón (Sanitas, Asisa, Bankia, Concessia y FCC) con uno de 110,2 millones; Móstoles (IDCSalud) con pago de 107,1 millones y Collado Villalba. Este último centro no ha sido puesto en marcha porque el Ejecutivo de Ignacio González considera que no puede afrontar el pago del canon, aunque sí se abona 11 millones al año en concepto de mantenimiento).

Concesiones también existen en Canarias, que en 2013 lanzó un concurso para la hemodiálisis en Gran Canaria y Lanzarote por 35 millones de euros para cinco años. Las islas son la segunda región que asigna más recursos a la sanidad privada respecto a su presupuesto: un 10,3% y 286 millones al año.

Los conciertos versus la infrautilización de medios públicos

Casi todas las administraciones sanitarias –sin importar el color político que las dirijan- conceden gran impacto a los conciertos con clínicas para llevar a cabo terapias o pruebas (en ocasiones en detrimento de los recursos directos). El 38% de las terapias de respiración en Madrid son asignadas a centros privados. En Galicia es el 23% y en Navarra el 21% del total de tratamientos de esta índole. Es un nuevo frente de lucha abierto contra la privatización sanitaria.

En el caso de Madrid, el 73% de los 48 hospitales privados de la región tienen algún tipo de acuerdo firmado con el SERCAM. La panoplia diseñada por la Consejería de Sanidad abarca múltiples disciplinas. Como se apuntaba, los enfermos respiratorios dependen en gran medida de centros privados para sus terapias (95 millones de euros en concursos entre 2008 y 2014). Se le suman, además, las pruebas diagnósticas que se derivan a la hora de hacer ecografías o mamografías. Un modelo que puede resquebrajarse en cuanto la administración no llega a acuerdos que satisfagan sus estrecheces financieras, como sucedió en 2013 cuando se detuvieron miles de mamografías del Programa de detección precoz del cáncer de mama en Madrid.

También a la hora de intentar bajar las listas de espera quirúrgicas, algunas comunidades han apostado fuerte por la derivación a hospitales de empresas. Así, en Castilla y León han llegado al 51%; en Castilla-La Mancha al 34% y en Aragón al 19% de la actividad. En Castilla y León tuvieron que regresar a estos conciertos en 2013 tras no poder gestionar las listas con los medios públicos una vez suprimidas las actividades extraordinarias de tarde en los hospitales. Igual le ocurrió a Valencia. Marcha atrás y nuevo flujo de dinero a clínicas privadas ante el atasco. En Castilla-La Mancha están recurriendo a traslados a otras regiones para intervenciones de sus pacientes.

Los convenios

El sistema de convenios es una manera habitual de que los impuestos abonen la prestación de servicios sanitarios en centros privados. El convenio hace que los ciudadanos puedan acudir a los hospitales a recibir sus tratamientos. Andalucía destaca en esta fórmula con 17 centros conveniados. Cinco de ellos pertenecen a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios y seis al grupo José Manuel Pascual. También con Cruz Roja Española.

Este sistema es el que utiliza el Partido Popular para asimilar los procesos privatizadores como el de Madrid con otras regiones. Como dijo el vicesecretario popular Carlos Floriano hace poco más de un mes, “está vigente en otras comunidades autónomas como Andalucía y Cataluña”. El flujo de pacientes andaluces está controlado por los hospitales públicos y sus Unidades Provinciales de Gestión.

El informe del IDIS reseña que “no se dispone de información pública en cuanto a la remuneración obtenida por parte de los grupos privados con estos convenios”.  Andalucía gasta 447 millones de euros en dar cobertura pública con medios privados (un 4,7% del total). También aparecen con estas fórmulas el País Vasco, Galicia, Islas Baleares y Asturias.

La Comunidad de Madrid firmó un concierto singular con la Fundación Jiménez Díaz (regentada por IDCSalud) por 30 años para atender en ese hospital a población de referencia. En 2012 y 2013, Madrid le abonó más de 300 millones por cada anualidad.

Radiografía de los ‘lobbies’ que acaparan el 54,3% de los contratos públicos de la Sanidad madrileña.

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El colectivo Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad) ha presentado este miércoles el informe ‘Influencia de los lobbies en la Sanidad madrileña’, en el que ha identificado una veintena de lobbies sanitarios, cuyas empresas “tienen adjudicados el 54,3% de los contratos y el 60,3% del importe» de la licitación pública que emana de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, lo que supone 387.489.188,92 euros de un total de 642.069.712,86 euros de gasto de 2017 identificado en el informe.

Audita Sanidad es un grupo de ciudadanos que se constituyó para estudiar la evolución de la deuda pública en la región y ahora ha decidido poner la lupa en los contratos de la administración y sus adjudicatarios. El pasado 18 de junio, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra la Comunidad de Madrid por fraude en los contratos menores y, en esta ocasión, han decidido estudiar también la licitación pública. Juan Luis Ruiz-Giménez, uno de los miembros de esta plataforma que ha expuesto los resultados del análisis junto a Vicente Losada, ha incidido en las «políticas privatizadoras» que se dan en Madrid, un «reflejo» del resto del Estado. En este caso, han estudiado lobbiesempresariales, es decir, los conglomerados de empresas, que pueden influir en las decisiones en el área de Sanidad.

El informe calcula que las empresas identificadas recibieron “seis de cada diez euros” de la contratación pública de la Sanidad madrileña en 2017, que asciende a un importe de 642.069.712,86 euros. El ranking de adjudicación a los lobbies sanitarios está liderado por Fundación IDIS (296.189.063,43 euros) por delante de la Asociación España Salud (205.029.940,49 euros) y Farmaindustria (181.164.674,15 euros).

El importe que se concentra en estos grandes conglomerados empresariales les lleva a concluir que “la relación entre importes de contratación adjudicada y pertenencia a lobbies empresariales permite constatar la manifiesta presencia e importancia determinante que éstos tienen en el desarrollo de la política sanitaria y el proceso de privatización de la sanidad pública”.

La necesidad de transparencia de los ‘lobbies’

Audita Sanidad ha decidido centrarse en los lobbies sanitarios para aportarle luz y abrir el debate sobre estos grupos de influencia que muchas veces los ciudadanos no identifican. El colectivo también opina que estas contrataciones públicas permiten “la transferencia de dinero público a empresas privadas para la realización de tareas y servicios que debiera hacer en su mayoría el Sistema Sanitario Público”.

Tras su experiencia recabando datos con sus propios recursos, han formulado unas recomendaciones basándose en el informe sobre los Estándares Internacionales para la Regulación de Lobby, de Transparency International. “El sistema de los lobbies es absolutamente opaco”, ha criticado Vicente Losada.

Pese a que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) creó en 2016 un registro de lobbies voluntario, el activista cree que es insuficiente. Por eso, la primera recomendación está referida a un sistema de registro y acceso público a la información.

También creen que tanto lobistas como los cargos públicos “deben tener normas de conductas claras y exigibles, así como un sistema para la gestión de conflictos de intereses”. Para mejorar el control y la transparencia, consideran necesario reconocer el “derecho a participar en las decisiones públicas” de la ciudadanía y garantizar que los lobbies también estén sometidos a “mecanismos de denuncia y sanciones efectivas” para los incumplimientos. Por último, apuestan por una Ley de protección de alertadores (los llamados Whistle blowers), una iniciativa que registró hace unas semanas Xnet en el Congreso de los Diputados.

 

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La venta de hipotecas impagadas a fondos buitres en España. Solución al problema.

Charla de Claudio Doreste, abogado independiente vinculado a Attac Canarias, sobre la venta de hipotecas impagadas de los bancos a los fondos buitre.

El 19 de Junio del 2019 Attac Canarias, por medio de Paco Morote organiza una charla a las 4:30 de la tarde en el Colegio de Abogados de Las Palmas. La Charla fue repetida esa misma tarde en el Cafe de Espacio. Aqui puedes escuchar el audio de la charla y leer un resumen del contenido de ella.

Audio de la charla.

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Resumen:

Vamos a explicar algo complicado de forma sencilla:

En las leyes actuales ya existe la obligación de que el banco cuando quiere vender una hipoteca impagada a un fondo buitre debe comunicárselo a el hipotecado porque este tiene derecho en un plazo de 9 días a pagar la deuda al banco al precio que el banco se la quiere vender al fondo buitre.

En la practica el banco intentará vender cientos de hipotecas impagadas de 150.000 euros a 7500 euros cada una, entonces según la ley vigente y que no se usa en España, el hipotecado, (que no puede pagar la hipoteca porque por ejemplo se ha quedado sin trabajo) tiene 9 días para pagarle al banco los 7500 euros. Por lo que sí se los paga queda saldada la totalidad de la deuda del hipotecado con el banco. Ya que el banco tiene la obligación de comunicárselo al deudor, cosa que es obligatoria por ley y que tampoco se cumple.

En definitiva existen unas leyes que no se cumplen y como el banco suele vender al fondo buitre la deuda hipotecaria al 7% de su valor real, el hipotecado podría conseguir saldar su deuda por una cantidad muy pequeña en comparación con la deuda inicial. Pero eso no se hace por el desconocimiento del hipotecado y de los abogados de las leyes,y por que el banco no le comunica al hipotecado que va a vender la deuda a un fondo de inversión.

Claudio Doreste propone un sencillo decreto ley para proteger al hipotecado. El decreto viene explicado más adelante.

Veamos todo esto en más profundidad.

Cuando una persona hipotecada deja de pagar las cuotas de la hipoteca. El banco en lugar de ir a un procedimiento judicial en el que se subasta la casa, y si no se cubre la deuda encima sigues debiendo la deuda. Y pierdes la casa. En lugar de hacer eso el Banco va y se la vende a un fondo de inversión.

El banco junta todos los créditos que tiene impagados y va y se pone en contacto con un fondo de inversión o fondo buitre. (Normalmente el fondo buitre es propiedad del mismo banco) Y una deuda de 1000 millones de euros se la vende al fondo buitre por 50 millones de euros. (El fondo buitre puede pagar este dinero con dinero negro de paraísos fiscales)

Un notario certifica que los contratos hipotecarios pasan a ser propiedad del fondo de inversión.

Con ese documento notarial el fondo de inversión va al juzgado y subrroga la deuda.

Por lo que el banco vende una hipoteca impagada a un fondo buitre y el propietario ni se entera. Junto con cientos de hipotecas impagadas.

Pero es que hay un articulo en el código civil que es el 1535 articulo que tiene 125 años y que proviene del derecho Romano que dice: “El que dió cantidades para que se le cedieran acciones no consiga de ellas mas que lo que por ellas hubiera dado.” En otras palabras. Vendiéndose un crédito litigioso el deudor tiene un plazo de 9 días naturales para pagar por ese crédito el precio por el que se vende.

En palabras sencillas:

Señor Banco si usted va a vender mi crédito de 150000 euros a ese fondo buitre por 7500 euros comuníquemelo a mí y yo le pago a usted el banco los 7500 euros. Ya que tengo nueve días de plazo para hacerlo.

Ya que en la normativa de la Unión Europeas en concreto en la ley de Créditos de consumo en su artículo 31 punto 2 dice:

Cesión de derechos: se informara al consumidor de la cesión indicada en el apartado anterior excepto cuando el prestamista original siga prestando los servicios relativos al préstamo del consumidor.

Es decir, la Cesión de derechos dice que el Banco debe comunicarle al hipotecado que el Fondo Buitre va a ser el nuevo propietario de la deuda. Cosa que en España no se hace aunque lo exige la ley.

Para solucionar el problema de la venta masiva de hipotecas impagadas a fondos buitre. Claudio propone un decreto ley para que sea estudiado por el Gobierno o por el Congreso.

La propuesta hecha por Claudio Doreste es en líneas generales esta.

Artículo 1.

Cuando se produzca una cesión de crédito, o cualquier traspaso de crédito. Primero se deberá notificar esta circunstancia al deudor.

Articulo 2

El afectado tendrá derecho a pagar la deuda al precio que se ha pagado más las costas procesales. Con un límite de las costas procesales del 5 %.

Articulo 3.

El plazo para ejercer dicha compra será de tres meses desde que se notifica la compra.

Se suspenden todos los procedimientos judiciales relativos a la hipoteca.

Desde Attac Canarias se prestará apoyo a Claudio Doreste para que su propuesta llegue hasta la clase política. Poniéndose en contacto con representanes de Unidas Podemos.

Firmado Mario Utopía.

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Un no rotundo a la Renta Básica Universal.

La renta básica universal, es lo que están defendiendo en los últimos años gente de izquierdas en España, aunque no sea una idea exclusivamente de gente de izquierdas. La renta básica universal es una renta que se le daría a todo ciudadano Español independientemente de cúal sea su situación económica, laboral y personal sólo por el hecho de ser ciudadano Español. Cuantificando lo que supondría dar una renta básica universal a todos los Españoles y teniendo en cuenta que son casi 8 millones de personas menores de 18 años que no recibirían la renta básica universal. El total de la renta básica sería de 280.000 millones de euros al año.

Datos tenidos en cuenta.

Población Española. 46.720.000 millones de personas.

Millones de pensionistas. 9´6 millones de personas mayores de 65 años.

Millones de jovenes menores de 18 años. 7.954.475 millones de jovenes.

Renta básica Universal de 800 euros/mes en 12 mensualidades por persona.

280.000 millones de euros al año.

 

Los gastos del estado serían entonces, me refiero a todos los gastos anuales.

Renta básica Universal.           280.000 millones de euros.

Resto de los gatos del Estado. 330.000 millones de euros.

Total gastos anuales del estado 610.000 millones de euros.

Ingresos anuales del Estado Español. 300.000 millones de euros.

Ingresos anuales el Estado suponiendo que se acabe con el fraude fiscal. 345.000 millones de euros.

Déficit del estado pagando una renta básica Universal y solucionado el problema del fraude. -265.000 millones de euros anuales.

En definitiva la renta básica universal en España es completamente inviable, supondría la quiebra del Estado Español. En dos años los bancos y los fondos de inversión le dejarían de prestar dinero a España. Los partidarios de la renta básica Universal deben de reconsiderar sus ideas, deben dejar de ser tan idealistas y deben de hacer mejor las cuentas. Y deben conformarse con rentas básicas no universales que ayuden a las personas en malas situaciones económica.

Haciendo los cálculos de la renta básica universal contando las unidades familiares en lugar de las personas invididuales y partiendo de los datos del ine.

Renta básica Universal según las unidades familiares Españolas. 140.000 millones de euros anuales.

Gastos del estado normales. 330.000 millones de euros anuales.

Ingresos del estado normales, acabando con el fraude. 345.000 millones de euros anuales.

Gasto total del estado incluyendo la renta básica. 470.000 millones de euros.

Déficit del estado anual como consecuencia de la implantación de una Renta Básica Universal, considerando las unidades familiares y no a los individuos por separadoy habiendo acabado con el fraude fiscal. 125.000 millones de euros.

Sería un déficit anual del 10´34 % del PIB.

O expresado de otra forma un déficit del 37% respecto a los ingresos. Es decír se ingresaría un 37 % menos de lo que se gasta al año en España.

Tampoco salen las cuentas. La Renta Básica Universal es inviable.

Lo que queremos decir con este artículo es que el que lo escribe no está a favor de una Renta Básica Universal ya que es completamente inviable economicamente. Pero si está a favor de rentás básicas no universales, que pueden ser rentas ciudadanas como la renta garantizada de Navarra en el periodo 2015-2018 que supuso un gasto de 100 millones de euros anuales a las arcas de la comunidad autónoma. Debe de haber dinero para ayudas sociales para familias con hijos en situación de desempleo, debe haber ayudas para desempleados de larga duración, debe haber ayudas para discapacitados, para personas dependientes, para madres solteras en paro. En general para personas en situación de pobreza. Pero estos son objetivos que en mayor o menor medida han intentado cumplir los diferentes gobiernos de derecha y de izquierda en este país.

Otra forma de explicar el porqué estoy en contra de la renta básica universal es la siguiente. Sí en la actualidad no hay dinero para pagar pensiones dignas, las pensiones no contributivas de 392 euros son pensiones de miseria, si no hay dinero para mantener una sanidad digna, no hay dinero para contratar suficientes profesores en la educación pública, no hay dinero para los dependientes. No hay dinero para hacer políticas sociales. No hay dinero para cerrar las centrales nucleares.  Si la deuda no para de subir y pagamos 30000 millones de euros solo en este concepto. Si el déficit del estado Español en los últimos años especialmente en el periodo 2009-2012 llegó a un 40 %, es decir, el estado se gastaba un 40 % más de lo que ingresaba. Y la media en los nueve primeros años (2008-2017) de crisis fue de un gasto del 26 % superior a los ingresos… El déficit actual el del 2017 y el 2018 está en torno al 11 % respecto a los ingresos, que es aproximadamente 30.000 millones de euros de déficit anual. Entonces.¿Cómo va a haber dinero para pagar una renta básica universal incondicional? ¿Acabando con el fraude? ¿Con un impuesto de patrimonio y de donaciones? ¿Subiendo el impuesto de sociedades de grandes empresas? ¿Poniendo un impuesto a las transacciones financieras? Sí, todo esto hay que hacerlo, pero aún así no cuadran las cuentas.

Los humanistas a favor de la Renta Básica Universal afirman que nosotros los que estamos en contra no consideramos como derecho humano el derecho a cobrar una renta básica universal. Ellos se equivocan en cuanto a que si respetamos los derechos humanos de las personas y precisamente porque nos preocupa el bienestar de la sociedad queremos que la economía Española sea sostenible y por eso la defendemos de la renta básica universal que supondría un problema muy grande para la economía Española haciendola frágil y llevándola a la quiebra. Eso es respetar los derechos humanos de toda la sociedad en su conjunto, protegiéndo a España de la quiebra.

Nota. Hay 14.500.000 familias de todo tipo en España en el año 2018, incluyendo a las personas solteras. Y sin incluir a las personas mayores de 65 años.

Los ingresos al acabar con el fraude fiscal en España se suponieron que son de 45000 millones de euros al año. Aunque algunas cifras hablan de 90.000 millones de euros al año. La cifra es obtenida de datos aportados por el economista Vicenc Navarro.

En los cálculos no se ha tenido en cuenta el descontar el gasto en ayudas sociales, gasto que ya se considera incluído en la renta básica universal. En cualquier caso los cálculos son estimaciones aproximadas.

 

Firmado. Mario Utopía.

Artículos a consultar.

Así quieren regular en España la renta básica PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos.

La Renta Garantizada bate récord en 2018, con una inversión de 103 millones.

Economía de la miseria: el mapa “insuficiente” de la renta mínima en España.

Tipos de renta básica.

 

Los resultados de Podemos, Sí Se Puede y Equo en Canarias en las elecciones locales y autonómicas del 2019.

Podemos en las elecciones locales y autonómicas del 2019 consiguió unos muy malos resultados en Canarias. Resumiendo podemos decir que consiguió 4 Parlamentarios en el Parlamento de Canarias, pasando de siete a cuatro. Consiguió consejeros en los Cabildos de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Consiguiendo un total de 8 consejeros en las cuatro islas mencionadas. Y consiguió 36 concejales obteniendo el 5´70 % del voto en las municipales de Canarias. Frente al Psoe que fue el más votado y que consiguió 415 concejales con el 26.84 % del voto.

Resumiendo estos fueron los votos que consiguió Podemos en las diferentes coaliciones en las que se presentó en Canarias.

RESUMEN

VOTOS A PODEMOS EN AYUNTAMIENTOS CANARIOS.                                       51761    5´70%
VOTOS A PODEMOS EQUO Y SI SE PUEDE EN LA COMUNIDAD CANARIA.    78168    8´86 %
VOTOS A SÍ PODEMOS CANARIAS EN CABILDOS.                                                69438

IMPLANTACIÓN EN CANARIAS.

Podemos tiene poca implantación en Canarias, en el 2019 sólo se presenta al 37 % de los ayuntamientos de Canarias, obteniendo representación sólo en el 26 % de ellos.

En concreto se presenta a 36 ayuntamientos Canarios obteniendo representación en 21 de ellos.

En la isla de la Gomera y en la isla de El Hierro Podemos no se presentó. En la isla de La Palma Podemos se presenta obteniendo unos resultados muy malos del 3,62 % de los votos.

MEJORES RESULTADOS DE PODEMOS EQUO Y SÍ SE PUEDE.

La mayor representación de Podemos en la provincia de Las Palmas la consigue en Arucas, que aunque sólo consiguen en ella 2 concejales obtienen el 11´43 % de los votos. Seguido de Las Palmas donde obtienen 3 concejales con un 10´39 % del voto, y con un 9,13 % en Arrecife donde también consiguen 3 concejales dos de ellos del partido Verde Equo-Canarias.

La mayor representación de Podemos en la provincia de Santa Cruz la consigue en la Laguna con un 17 % del voto seguido de Santa Cruz de Tenerife con un 10,62 % del voto.

NOMBRES CON LAS QUE SE PRESENTÓ.

En la comunidad autónoma Podemos se presentó en coalición con los dos partidos ecosocialistas de Canarias, Sí se puede y Equo-Canarias, con el nombre de Sí Podemos Canarias.

En los cabildos se presentó con estos dos últimos partidos y con Lanzarote en Pié en Lanzarote, llamándose también Sí Podemos Canarias.

En los ayuntamientos se presentó con diferentes nombres, aunque no pactó con Izquierda Unida para el parlamento de Canarias ni para los Cabildos, en algunos ayuntamientos como el de Las Palmas de Gran Canaria, el de Telde y el de Santa Cruz de Tenerife se presentaron como Unidas Podemos, al ir los 3 partidos en coalición. (Podemos, Equo e Izquierda Unida) En Santa Cruz de Tenerife, Sí se puede se presentó por separado lo que le costó no conseguir ningún concejal por la ciudad. En otros ayuntamientos como el de la Laguna se presentaron con el nombre de Unidas se puede. (Podemos-Equo-Sí se puede e Izquierda Unida) En otros ayuntamientos como el de Tegueste se presentaron con el nombre de Unidos por Tegueste Podemos y en ayuntamientos como el de Santa Brídiga se presentaron con el nombre de Podemos Equo.

No pretendemos hacer aquí un estudio de todos los nombres con los que se presentó Podemos en Canarias, pero si comentar que  en Lanzarote se presentaron en diferentes pueblos con el nombre de Lanzarote en Píe, Si podemos.

RESULTADOS EN LOS CABILDOS DE CANARIAS.

Número de consejeros.

Gran Canaria    2.      7´2 %

Tenerife             3.      9´45 %

Lanzarote         2.       7´57 %

Fuerteventura 1.       6.95 %

La Palma.          0.       3.62 %

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TOTAL DE VOTOS SUMANDO TODOS LOS VOTOS DE TODOS LOS CABILDOS. 69438 VOTOS.

CIUDADANOS OBTIENE EN CANARIAS PEORES RESULTADOS QUE PODEMOS.

Ciudadanos el otro partido político emergente en España obtiene incluso peores resultados que Podemos en Canarias. En concreto obtiene 32 concejales en Canarias,  con 42758 votos y un 4´71 % de los votos en los ayuntamientos de Canarias. No hubo sorpaso de Ciudadanos al Partido Popular en España y no lo hubo en Canarias.

RESULTADOS DE PODEMOS A NIVEL NACIONAL. (EN LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS Y LOCALES DEL 2019)

RESUMEN

VOTOS A PODEMOS AYUNTAMIENTOS ESPAÑA   1.173.209   5,16%
VOTOS EN COMUNIDADES AUTÓNOMAS                  669.869   7,00%

ParlamentostodaEspaña.png

VOTOS AL PARLAMENTO EUROPEO.                       2.252.378   10,05%

Los resultados en Canarias fueron malos dentro de un contexto estatal también bastante malo donde los mejores resultados de Podemos fueron en las Europeas donde Podemos e Izquierda Unida sin la presencia de Equo, consiguen 6 eurodiputados con un 10,05 % de los votos, frente al 12 % de los votos al parlamento Europeo y 7 eurodiputados que consigue su competidor por la derecha, Ciudadanos.

CONCEJALES DE PODEMOS-EQUO.

Cómo habíamos dicho Podemos, Equo, Sí se Puede y Izquierda Unida, obtienen 36 concejales en Canarias en las elecciones locales del 26 de Mayo del 2019.

No tenemos hecho un análisis de a que partido pertenece cada concejal, sabemos que en Arrecife dos de los tres concejales conseguidos son de Equo Canarias. Aquí te dejamos los gráficos de los concejales conseguidos por islas.

GRANCANARIACONCEJALES.png

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Ayuntamientos en los que se presentó Podemos-Equo-Sí se puede e Izquierda Unida en Canarias. En coalición. (No necesariamente todos en coalición, todas estas coaliciones tienen un denominador en común Podemos)

En Gran Canaria.

Aguimes. Arucas. Firgas. Gáldar. Ingenio. Las Palmas. San Bartolomé de Tirajana. Santa Brígida. Santa Lucía. Telde. Teror.

En Fuerteventura.

Antigua. La Oliva. Pájara. Puerto del Rosario.

En Lanzarote.

Arrecife. San Bartolomé. Teguise. Tías. Yaiza.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Adeje. Arona. Breña Alta. Breña Baja. Garafía. Los Realejos. El Rosario. San Andrés y Sauces. La Laguna. Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de La Palma. Tegueste. Villa de Mazo.

Por último comentar que sólo se han celebrado el 26 de Mayo del 2019 elecciones autonómicas en 12 de las comunidades autónomas de España y en las dos ciudades autónomas Españolas en África. Por lo que en las comunidades de Valencia, Galicia, País Vasco, Andalucía y Cataluña los resultados no se recogen porque no hubo elecciones en ellas el 26 de Mayo.

23 cosas que quiere Podemos y que no están en el programa electoral del Psoe de las elecciones generales del 2019.

Estas son algunas de las diferencias entre el Psoe y Podemos.

Podemos pide la educación gratuita de 0 a 3 años. El Psoe no lo pide.

El Psoe no quiere un impuesto para las grandes fortunas.

BANCA.

El Psoe no pide un impuesto especial para la banca.

El Psoe no quiere recuperar los 60.000 millones prestados a la banca. Podemos sí.

Los bancos seguirían sin pagar impuesto de sociedades, si gobernase solo el Psoe.

ALQUILER.

El Psoe no regulará el alquiler vacacional ni el precio del alquiler. Podemos sí quiere.

Según el Partido Socialista no se regulará el alquiler vacacional. En concreto no se regulará el máximo número de licencias de alquiler vacacional por zonas. Como propone Podemos.

El Psoe no quiere regular el precio del alquiler, por zonas como quiere el partido violeta.

PUERTA GIRATORIAS.

El Psoe no quiere endurecer la regulación de las puertas giratorias en España. Podemos Sí.

REFERENDUMS.

El Psoe no legalizará las consultas, ni los referéndums, vinculantes o no. Podemos sí.

IMPUESTO DE SOCIEDADES.

El Psoe no subirá el impuesto de sociedades de las grandes empresas que está al 5 %. En lugar del 25% habitual. Podemos sí lo subiría.

ENERGÍA.

El Psoe no dicen nada del cierre de las centrales térmicas de carbón ni pone una fecha para el cierre de las centrales nucleares. Podemos cerraría las centrales de carbón y ya tiene una fecha para el cierre de todas las nucleares. El 2024.

El Psoe en su programa del 2019 no habla del coche eléctrico. Ni de ayudas a la compra del vehículo eléctrico. Podemos establece ayudas al coche eléctrico y quiere fomentar la compra del vehículo eléctrico.

El Psoe no hablan del Fracking en su programa. Podemos quiere prohibirlo.

TRASPORTE, TAXIS Y VTC.

En el programa del Psoe no se habla de trenes ni se propone ninguna medida al respecto. Los de Podemos piden fomentar el tren de cercanía y el de medio alcance. Dándole servicio a todos los municipios de más de 20000 habitantes antes del 2030.

Los del Psoe no quieren regular la contratación de los VTC con horas de antelación. como propone Podemos. Perjudicando así a los taxis. Aunque más bien el Gobierno de Sanchez ha dejado que sean las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que legislen, lavándose las manos. Ver artículo.

AGRICULTURA Y GANADERÍA.

Podemos pretende establecer unos precios mínimos por ley que garanticen que se cubren los costes de producción.

PERMISOS DE PATERNIDAD.

El Psoe quiere aumentar el permiso de paternidad hasta las 16 semanas para cada progenitor, cuando otros partidos de izquierda, como Podemos, piden que se amplíe a 24 semanas por cada progenitor. Es decir, a seis meses para la madre y 6 meses para el padre.

SISTEMA JUDICIAL.

El Psoe no propone ningún cambio en el Consejo General del Poder Judicial ni en el Tribunal Constitucional.

Podemos propone que el consejo General del Poder Judicial lo elijan los ciudadanos.

GUARDÍA CIVIL.

El Psoe al contrario que Podemos no reconoce el derecho a los guardias civiles a sindicarse. Prefiere que el cuerpo siga teniendo un comportamiento militar. Ver artículo.

PENSIONES MÍNIMAS.

Podemos propone una subida de las pensiones mínimas a 600 euros.

Las medidas más ingeniosas y menos conocidas del programa de UNIDAS PODEMOS a las generales del 2019.

1. Poner un precio mínimo por ley para los productos vendidos por los agricultores y ganaderos. El precio mínimo debe cubrir los precios de producción.

2. Tipificación como delito del maltrato a animales salvajes.

3. Programas de acompañamiento de gente mayor acompañados por gente joven para mitigar su soledad.

4. Los abusos sexuales a menores prescribirán cuando el menor cumpla los 30 años.

5. Crear una empresa pública estatal eléctrica.

6. Invertir en I+D+I al menos un 2 % del producto interior bruto.

7.Crear un gran centro Español de robótica aplicada.

8. Habrá cobertura en el 100 % del país a internet. Y se considerará el tener internet un derecho básico.

9. Incluir en la educación primaria temarios de programación, robótica y diseño web.

10. Elaborar un plan para la digitalización de la administración para conseguir así la reducción de la burocracia.

11. Prohibir que los partidos puedan financiar sus campañas electorales con créditos de la banca.

12. Impedir que los bancos sean propietarios de los medios de comunicación.

13. Recuperar la juridisción universal. Para poner a España en la vanguardia de la defensa de los derechos humanos.

14. Proteger al denunciante de la corrupción.

15. Acabar con la impunidad judicial del Rey, recogida en el artículo 56.3 de la Constitución Española.

16. Eliminar el voto rogado.

17. Democratizar los partidos políticos, haciendo que los cargos dentro de los partidos se elijan democráticamente.

18. Garantizar la libertad para la muerte digna.

19. Reconocer la nacionalidad de los descendientes de los Españoles emigrados al extranjero.

20. El consejo general del poder judicial lo elegirán los Ciudadanos.

21. Prohibir los contratos temporales de menos de un mes. Y evitar el fraude en la concatenación de contratos temporales.

22. El periodo de cotización de los jóvenes menores de 30 años para recibir prestación por desempleo disminuirá y aumentará el tiempo en el que reciban la prestación por desempleo.

23. Reconocer el derecho a sindicarse de los guardias civiles y militares.

24. Acabar con el despido masivo de los militares una vez cumplidos lo 45 años.

25. Subir las pensiones mínimas y las no contributivas a 600 euros.

26. Regular el precio del alquiler y el máximo número de viviendas vacacionales por barrios.

29. Prohibir los desahucios sin que exista una alternativa habitacional.

30. Prohibir los cortes de agua, luz y gas cuando las razones sean por pobreza.

31. Incrementar en un 1,5 % respecto al producto interior bruto, la inversión en Sanidad y en Educación.

32. Incorporar los servicios de dentista gratuito al servicio de salud.

33. Bajar el precio de los másteres al menos al precio actual de los grados.

34. El fraude fiscal prescribirá a los 10 años y la cantidad mínima para considerarlo fraude bajará a 50000 euros.

35. Obligar a pagar el IBI a la Iglesia Católica excepto en los lugares de culto, en los edificios de Caritas y otras excepciones.

36. Las empresas de Telecomunicaciones pagarán un canon para que todo el Estado pueda tener internet. Incluyendo los pueblos pequeños.

Galería

Denuncia a Europa: en defensa del palmeral Oasis-Maspalomas.

Esta galería contiene 9 fotos.

Originalmente publicado en Colectivo ecologista Turcón:
No es la primera vez que una denuncia a Europa del Colectivo Turcón-EeA propicia una visita de un Eurodiputado. Ha pasado varias veces y seguirá pasando porque Turcón llegará hasta donde tenga que…

Entrevista a Ana Garrido denunciante de la Gurtell en Octubre del 2018, en el Boletín.

Desde hace años en esta página web seguimos a Ana Garrido la apoyamos, y le damos cobertura informativa, hoy nos alegramos de que haya recibido el premio Anticorrupción de manos de Transparencia Internacional. Te dejamos esta entrevista de el Boletín hecha en Octubre del 2018, en la que se habla de que la ley de protección de los denunciantes en España está paralizada desde el 2016, y como ningún partido salvo Upyd ha felicitado a Ana Garrido tras ganar el premio de Transparencia Internacional. Te dejamos con este magnífico artículo de el Boletín.

premioanticorrupcionAnaGarrido

Ana Garrido ha visto esta semana recompensados años y años de sufrimiento. La denunciante de la trama Gürtel ha recibido el Premio Anticorrupción 2018, que concede Transparencia Internacional. Un galardón que hace que, en su opinión, se inviertan los roles. “El denunciante pasa de ser perseguido y acosado a ser premiado. Y eso para nosotros moralmente nos da una fuerza para continuar muy relevante”, afirma en una entrevista a EL BOLETIN.

Para Garrido sigue siendo urgente que se apruebe en España una Ley de protección al denunciante de corrupción en España, ya que, entre otras cosas, “nosotros somos los que estamos recuperando el dinero para las arcas del Estado. Dinero que estaba en paraísos fiscales”. Sin embargo, no esconde sus dudas sobre la eficacia de esta norma, que aún no ha visto la luz.

“Sinceramente pienso que llegará un momento en que se aprobará, lo que tengo mis dudas es si la ley que se apruebe en España será eficaz o no”, reconoce. Es más, incluso teme que no se cumpla la directiva en la que trabaja Europa.

Pregunta.-Transparencia Internacional le ha dado un premio. ¿Qué siente?

Respuesta. Una satisfacción enorme. Aunque mi realidad no cambie de un día para otro, porque después de un premio vuelves a tu vida normal, sigo envuelta en pleitos e intentando sobrevivir con mi tienda online, pero la satisfacción de que haya iniciativas de esta magnitud es muy importante de cara a los denunciantes de corrupción. Se invierten los roles, el denunciante pasa de ser perseguido y acosado a ser premiado. Y eso para nosotros moralmente nos da una fuerza para continuar muy relevante.

Estoy súper agradecida y la verdad es que no me lo esperaba. Cuando me dijeron que estaba entre las finalistas ya para mí era un triunfo, ya me sentía premiada. En el momento de la entrega de premios se me saltaron las lágrimas cuando yo no lloro desde hacer años, quizás por la coraza que me he impuesto para no sentir y no sufrir.

P.-Una década después de denunciar, ¿cómo es su día a día?

R. Me llama la atención cuando la gente habla de mí en pasado como si yo hubiera hecho algo que ha terminado. Mi día a día lo resumiría en tres facetas. Por un lado, recuperar mi estabilidad económica y profesional, que lo intento hacer con mi tienda online chicayeye.com, pero no me da para vivir y sigo tirando de la indemnización cuando el Ayuntamiento de Boadilla fue condenado por acoso laboral. Por otro lado, continúo con el activismo. En la medida de mis posibilidades trato de asesorar a otros denunciantes de corrupción y luchar porque exista una ley de protección al denunciante de corrupción en España, que lleva parada dos años.

A esto hay que sumar que en breve voy a interponer una nueva demanda contra varios medios de comunicación que durante años han estado manchado mi honor y todavía existen noticias falsas colgadas en Google. No estoy dispuesta a que la gente mienta alegremente haciendo dudar de mi honestidad, de mi integridad moral. La demanda es contra OKDiarioLibertad Digital Trece TV, principalmente. Cada vez que doy un paso adelante para defenderme se avecina tormenta y supone, como está ocurriendo, que comienza otra vez de nuevo el acoso.

P. -Ha comentado el tema de la Ley de protección al denunciante de corrupción, que se encuentra parada. ¿Cree que algún día se aprobará?

R. Sinceramente pienso que llegará un momento en que se aprobará, lo que tengo mis dudas es si la ley que se apruebe en España será eficaz o no será eficaz. Para mí ha habido un dato muy significativo y es que he recibido felicitaciones por este premio anticorrupción por parte de miles de personas, de asociaciones y qué curioso que ningún partido me haya felicitado. Me resulta muy paradójico que a nivel internacional se reconozca mi labor, con un premio de este calibre y ningún partido, menos UPyD, me ha felicitado.

Cuando me dijeron que estaba entre las finalistas ya para mí era un triunfo, ya me sentía premiada.

P.-¿Ni PSOE, ni PP, ni Unidos Podemos?

R. Ninguno. No tienen por qué hacerlo, pero me ha resultado curioso y lo tengo que decir.

P.-Entonces, ¿el discurso contra la corrupción de estos partidos a la hora de la verdad queda en un segundo plano?

R. Para mí cae en saco roto. Primero, porque decían que la Ley de protección al denunciante la iban a aprobar con una urgencia inminente y no lo han hecho. Tampoco veo que cuando se aprueban los presupuestos se tome en consideración esta norma. Quizás se considera que hay medidas sociales de carácter más urgente, yo también lo pienso, pero una cosa va acompañada de la otra. De la misma manera que con carácter urgente se ayuda a las familias más necesitadas en España es también muy importante tomar medidas para proteger al denunciante. Nosotros somos los que estamos recuperando el dinero para las arcas del Estado. Dinero que estaba en paraísos fiscales. Si se protegiera al denunciante seguramente el Gobierno dispondría de más recursos económicos para poder paliar toda esa serie de problemas que han sido derivados del saqueo y del expolio del patrimonio español.

P.-La Comisión Europea lleva varios meses debatiendo una propuesta de una directiva para proteger a los denunciantes. ¿La respuesta tiene que llegar de Europa?

R. Europa ya lleva trabajando sobre una normativa bastante tiempo y ahora es cuando ya definitivamente se va a aprobar, y si no llega a ser por eso seguiríamos siendo el único país de la OCDE que no tenemos una ley en materia de protección al denunciante. ¿Qué puede ocurrir también? Que España incumpla y pague una multa. Ese es mi temor. No sería la primera vez que ocurre, pero pensando en positivo para mí es un logro que la UE elabore una normativa a la que están obligados todos los países a cumplirla.

Podría haber mirado para otro lado, pero a pesar de todo lo que me ha tocado vivir si volviese a estar en la misma situación volvería a hacerlo.

P.-El Gürtel ha vuelto a ser noticia estos días. El PP ha pedido que se anule la sentencia y haya un nuevo juicio. ¿Qué le parece?

R. Hemos visto ya tantos movimientos esperpénticos del PP para anular el caso Gürtel que creo que queman sus últimos cartuchos porque se están llevando a políticos por delante y a nadie le gusta entrar en la cárcel. Es una forma para intentar salvar su pellejo. Sinceramente, esta estrategia creo que no tendrá recorrido. Me hace gracia que lo propongan ahora cuando solo se ha juzgado la primera pieza y ahora empezará la segunda, que atañe a municipios de la Comunidad de Madrid. Es quemar los últimos cartuchos, pero no creo que sirva para nada, aunque tras lo que ha pasado con la banca y el Supremo todo cabe en este país.

P.-¿Sigue defendiendo que volvería a hacerlo? ¿Cambiaría algo?

R. Tengo muy claro que lo volvería a hacer sin dudarlo. No sé ser de otra manera. Podría haber mirado para otro lado, pero a pesar de todo lo que me ha tocado vivir si volviese a estar en la misma situación volvería a hacerlo. Lo que sí digo es que he aprendido de mis errores y lo haría de otra manera. Hay fórmulas para protegerse más y eso es muy importante. Siempre recomiendo a los denunciantes que intenten preservar su anonimato.

Lo volvería a hacer y creo que es lo que deberíamos hacer todos. Han intentado lanzar un mensaje a la sociedad castigándome a mí para dar una lección de que si denuncias te puede pasar lo mismo que a Ana Garrido.

https://www.elboletin.com/noticia/168763/nacional/los-denunciantes-de-corrupcion-estamos-recuperando-el-dinero-para-las-arcas-del-estado.html

Septiembre del 2018, un año después de la entrada en vigor de la ley del suelo en Canarias.

Antonio Pérez Marrero. Plataforma Canaria por un territorio sostenible.

Nos dijeron que la Ley iba a hacer que el territorio contribuyese decisivamente a cambiar el modelo económico del archipiélago, iba a sacarnos de la crisis económica. Hace más de un año que, el 1 de septiembre de 2017, entró en vigor la Ley del Suelo, y la revolución no ha llegado. ¿Dónde están las inversiones millonarias paralizadas por las leyes anteriores que esgrimían, indignados, los empresarios? ¿Dónde quedó la asombrosa velocidad que se iba a imprimir a los procedimientos administrativos, una vez talada la jungla legal y dinamitada la malvada burocracia? ¿Dónde están los miles de nuevos agricultores atraídos por las asombrosas rentas complementarias, por los muros que ya les dejan reparar, por las fincas que antes no les permitían cultivar?

Más de un año después, algunos siguen teniendo las mismas ganas que siempre han tenido de dar ese pelotazo inmobiliario que ahora parece más fácil. Siguen pensando que, gracias a sus buenas relaciones públicas, podrán hacer lo que no se debe donde no se puede, proyectos impensables en sitios imposibles; pero no están seguros, jurídicamente: el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de las Islas Verdes consiguió que el Tribunal anulase la declaración de interés insular de un montón de proyectos en La Palma, y el recurso presentado contra la propia Ley del Suelo fue admitido a trámite y está pendiente de sentencia.

Además, más de un año después, las administraciones, y en especial los municipios siguen sin tener personal para abordar las tareas y responsabilidades que cargan sobre sus espaldas. Continúa sin saberse qué parte de los planes actuales sigue vigente y qué parte fue derogada por ser contraria a las disposiciones de la Ley. Cabildos hay, como los de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, que siguen tramitando planes insulares, añadiendo un mayor grado de inseguridad.

El Gobierno de Canarias está preocupado porque es consciente que no termina de arrancar su apuesta legislativa por antonomasia, la estrella de la legislatura. Pero frente a la realidad, solo opone palabras y más palabras, una publicidad institucional continua, a través de todos los medios de comunicación posibles, cueste lo que cueste.

Pero la Ley ha tenido ya efectos territoriales y sociales, aunque no haya conseguido todavía materializar sus peores propósitos contra la sostenibilidad del territorio en Canarias. En primer lugar, la falta de participación ciudadana que caracterizó a la elaboración de la Ley del Suelo continúa estando presente en la tramitación de sus reglamentos, que se sacaron a información juntos, en un paquete de cuatro imposible de analizar con rigor y con un plazo perentorio de participación que el Gobierno se negó a ampliar, igual que hizo con la Ley.

Esta desconsideración a la participación ciudadana parece haber sido inoculada a la mayoría de las administraciones que han comenzado, lentamente, a poner en marcha medidas organizativas internas exigidas por la Ley. Así, para la constitución de las comisiones de evaluación ambiental, cabildos y ayuntamientos se han negado a integrar en ellas a representantes técnicos cualificados de organizaciones ambientales y ciudadanas, como se les solicitó, aunque fuera solo con voz, sin derecho a voto. La única excepción ha sido el Cabildo de Fuerteventura, aunque limitada a incluir a un representante de un colegio profesional.

La teoría y la práctica de la Ley también parecen haber reforzado, junto con la falta de consideración a la ciudadanía, la osadía de administraciones y agentes económicos a la hora de plantear decisiones y exigencias territoriales como la necesidad de revisión del Plan Especial de El Rincón de La Orotava después de haberlo tenido congelado e inaplicado durante 21 años, desde que se aprobó; la inclusión en el Plan Insular de Fuerteventura de un incremento de 30.000 camas turísticas; la construcción de un bloque de viviendas dentro de un sistema general de espacios libres en Las Palmas o la financiación pública de infraestructuras millonarias que correspondía realizar a promotores privados.

Por otra parte, continúa tan activa como desde hace años, y aumentada por la proximidad de la cita electoral, la política de grandes infraestructuras públicas innecesarias e insostenibles, como el macromuelle de Agaete y los trenes y nuevas pistas de aeropuertos en Tenerife y Gran Canaria. En contraste con esta actividad promotora y constructora, las administraciones permanecen pasivas frente a graves problemas territoriales y sociales, como la multiplicación de viviendas vacacionales, que ha provocado el alza de alquileres y expulsión de inquilinos en zonas urbanas, sin que Comunidad autónoma, Cabildos y Ayuntamientos hayan arbitrado medidas para frenarla y ni siquiera hayan aplicado su propio planeamiento cuando contiene determinaciones que impiden el alojamiento turístico en la forma en que se está produciendo.

Más de un año después de la entrada en vigor de la Ley del Suelo, el desarrollismo, la falta de participación ciudadana efectiva, la complicidad con agentes económicos, las indecisiones e inactividades continúan generando en el archipiélago conflictos sociales relacionados con el territorio. En la Plataforma  Canarias Territorio Sostenible estamos convencidos de que seguimos teniendo razón en nuestra oposición a la Ley del Suelo y que la incapacidad demostrada para ponerla en marcha nos da la oportunidad de conseguir que nuestro territorio sea utilizado de manera realmente sostenible, de forma que lo conservemos, lo mejoremos y puedan también usarlo las generaciones futuras de canarios. Esta oportunidad podrá convertirse en definitiva si de las próximas elecciones autonómicas sale una mayoría parlamentaria que asuma la necesidad de derogar la Ley del Suelo.

Mientras tanto, desde la Plataforma seguiremos con atención las actuaciones territoriales que pretendan desarrollar las disposiciones más insostenibles de la Ley, a fin de impedir cualquier atentado contra nuestro territorio, nuestro paisaje y el bienestar de los ciudadanos.

Publicación original.

https://www.eldiario.es/canariasahora/canariasopina/Ley-Suelo-ano-despues_6_828427188.html

Ana Garrido la denunciante del caso Gurtel premiada por Transparencia Internacional.

Transparencia Internacional otorga el premio Anticorrupción 2018 a la denunciante de Gürtel Ana Garrido.

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La organización ha reconocido también a Daphne Caruana Galizia, la periodista maltesa asesinada en 2017.

Ana Garrido fue trabajadora del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid). Transparencia destaca que su testimonio fue clave para la “caída” del Gobierno de Mariano Rajoy.

Ana Garrido Ramos, la extrabajadora del Ayuntamiento de Boadilla del Monte que denunció ante la Fiscalía el caso Gürtel, ha sido distinguida en Copenhague con el premio Anticorrupción 2018 de la ONG Transparencia Internacional (TI). Garrido compartió el galardón con Daphne Caruana Galizia, la periodista maltesa asesinada en 2017 con un coche bomba tras sus investigaciones, que pusieron al descubierto varios escándalos de corrupción vinculados con poderosos políticos de su país. El fallo del premio, entregado en la Conferencia Internacional contra la Corrupción, resaltó que Garrido descubrió un mecanismo de pagos irregulares a cambio de contratos públicos, que su testimonio ha sido clave para la “caída” del Gobierno de Mariano Rajoy en junio de 2018 y denunció una “insidiosa campaña de acoso” en su contra.

“Es una labor de reconocimiento a todas las personas que luchan contra la corrupción, y eso moralmente te da muchas fuerzas para continuar. Es un halo de esperanza para otros denunciantes”, ha dicho Garrido. También lamentó que ninguna ley proteja a los denunciantes en España, “único” país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sin ella, y consideró “fundamental” que se proteja el anonimato de quienes desvelan la corrupción. Su labor de activista la llevó en su día a reunirse con todos los grupos parlamentarios españoles en busca de un proyecto de ley, aunque critica que el proyecto esté parado, y centra sus esperanzas en la legislación en la materia que ultima la Unión Europea (UE).

El 22 de octubre de 2018 El Tribunal Supremo confirmó, la condena al ayuntamiento de Boadilla a indemnizarla por acoso laboral con más de 96.000 euros, aunque asegura que el 80% se le ha ido en pagar deudas a abogados, impuestos y préstamos, y recuerda que estuvo años sin trabajo y tuvo que vivir de “okupa” una temporada. Garrido, que se dedica a la venta de bisutería en mercadillos y por internet, un trabajo que aún no le da para vivir, agradeció el apoyo de la gente que compra sus productos al reconocerla, mientras prepara una demanda para limpiar su honor y por vulneración a la intimidad contra “medios afines al Partido Popular (PP)”. Para la galardonada que el PP haya pedido hace unos días al Supremo que anule la sentencia del caso Gürtel y hable de un juicio “parcial”, es “el colmo de la desfachatez y de lo surrealista” e insta a esta fuerza política a asumir su responsabilidad. Una década después de iniciar con su denuncia el caso Gürtel, asegura sin dudar que lo volvería a hacer, aunque de otra manera, evitando errores para que no perjudicara tanto su vida personal. “He sentido que me he inmolado al denunciar, y se puede denunciar sin inmolarse”, explicó Garrido, que no se arrepiente de su decisión porque no sabe ser de otra forma y porque carece de descendencia, “ya que si llego a tener hijos, habría tirado la toalla seguro”.

Lanzado en 2000 como Premio a la Integridad, este galardón distingue a personas y organizaciones excepcionales en todo el mundo, incluidos periodistas, fiscales, funcionarios gubernamentales y líderes de la sociedad civil.

Ver más en: https://www.20minutos.es/noticia/3472005/0/ana-garrido-denunciante-gurtel-premio-transparencia-internacional/?utm_source=facebook.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=desktop&fbclid=IwAR2gEZovPXO2E86jcOvIytOa3z8zezyWJ9C1effKMK8IIcX8_lGGOhQqISc#xtor=AD-15&xts=467263

El 15M mete en la cárcel a Rodrigo Rato por las tarjetas Black.

#LaCiudadaniaLoHizo: Comunicado de 15MpaRato sobre la sentencia del Supremo de #CarcelPaRato por #TarjetasBlack

Índice

1 – El fracaso de la doctrina Rato

2 – Cómo salieron a la luz las tarjetas black y porqué no se dice

 

1 – El fracaso de la doctrina Rato.

Casi 5 años después de que algunos de los miembros de 15MpaRato y Xnet sistematizamos e hicimos llegar a la prensa los conocidos como Correos de Blesa que destaparon la existencia de las Tarjetas Black, hoy el Tribunal Supremo ha decidido confirmar la sentencia de cárcel conseguida en la Audiencia Nacional.

No solo se ha conseguido que la condena de cárcel a Rato se mantenga sino que hemos evitado que se siente un peligroso precedente de impunidad.

Rato ha agotado su último recurso. Esta es toda la justicia que el dinero puede pagar y ahora se debe ordenar su ingreso inmediato en prisión.

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¿Por que ha tardado más de un año desde que conseguimos la sentencia de prisión?

Te presentamos la doctrina Rato. 

La defensa de Rato ha usado las Leyes Mordaza -las mismas que pueden hacer que tu acabes en la cárcel por ejercer tu derecho a la protesta pacífica o tu libre expresión- para evitar que Rato entrase en prisión. 
Tal y como anunciamos hace 3 años la nueva reforma del Código Penal (conocida como una de las tres Leyes Mordaza) contenía una modificación hecha a medida de los consejeros de Bankia, por entonces acusados por el escándalo de las Tarjetas Black, para exculparlos por  “apropiación indebida” y facilitar a la larga su no ingreso en prisión.
Los poderes del estado decidieron entonces dejarles una puerta trasera consignando por ley que robar es de pobres. Los consejeros de Bankia, no roban, “distraen” dinero. La Ley Mordaza y la impunidad de la corrupción juntos y en todo su explendor https://15mparato.wordpress.com/2015/09/03/ley-mordaza-bankia/
No solo hemos conseguido que la condena de cárcel a Rato se mantenga sino que hemos evitado que se siente un peligroso precedente de impunidad.

 

¿Y ahora qué?
Ahora Rato puede seguir gastando (o haciendo aflorar) su dinero. Puede recurrir al Constitucional o al Tribunal de Garantías, pero mientras tanto no hay ninguna excusa legal para que la Audiencia Nacional no decrete su ingreso inmediato en prisión.
Esto no acaba aquí. En noviembre comienza el juicio oral por la salida a bolsa de Bankia que iniciamos en la Audiencia Nacional hace siete años. Volveremos a conseguir condenas de prisión. ¿Qué pasará entonces? ¿Ya están modificando el código penal a su medida de nuevo? ¿Enviarán a Rato también a una cárcel para el solo?
En el caso de las Tarjetas Black, desde el mismo día que las destapamos, hemos hecho lo posible y lo imposible para que el peso de la evidencia los llevara a prisión.
Somos inasequibles al desaliento y seguiremos luchando hasta que entren en prisión. Recordemos estos 5 años de trabajo ciudadano que ha costado esta sentencia la próxima vez que nuestros políticos de atrevan a decirnos de nuevo que la justicia es igual para todos.

 

2 – Cómo salieron a la luz las tarjetas black y por qué no se dice. #LaCiudadaniaLoHizo

Fuimos personas de nuestros colectivos (15MpaRato y Xnet) las que, no solo hicimos llegar a la prensa los “Correos de Blesa” donde se encuentra la prueba de las Tarjetas black, sino más IMPORTANTE todavía, las que en este caso hicimos el trabajo de ordenar e investigar el material para que esta información se pudiera encontrar 
(Aquí la hemos dejado accesible para todos -> http:/correosdeblesa.com. Las Tarjetas Black las encontraréis haciendo por ejemplo la búsqueda “Black a efectos fiscales”)
Es importante recordarlo porque el medio que se ha beneficiado de este trabajo (eldiarioes) se niega a reconocerlo. Se niega a reconocer que sin la sociedad civil organizada nunca hubiera tenido una de sus mejores exclusivas.
Así se perpetua el sistema en el que – como hemos visto en estos días – este medio aspira a ser un nuevo monopolio de las fake news – donde “todo es cierto salvo alguna cosa”. El futuro grupo Prisa del nuevo orden.

Así se perpetua el déficit democrático en un contexto en el que los grandes medios se niegan sistemáticamente a reconocer que la sociedad civil organizada es una condicio sine qua non para avanzar. La intención es imponerle una pasividad en la que todos debemos depender de gobiernos, partidos y medios con la esperanza que se hagan las cosas.
Nosotros cada día demostramos que no es así. #LaCiudadaniaLoHizo.

Más información sobre la verdadera historia de las Tarjetas Black:

 

Si quieres conocer la historia de cómo #LaciudadaniaLoHizo incluso hemos hecho una obra de teatro y un libro:
Obra de teatro: #HazteBanquero – #TarjetasBlack de Xnet y 15MpaRato 
Libro:

Gran Canaria se movilizará el 29 de septiembre para defender uno de sus más bellos palmerales.

 

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La Plataforma por la defensa de palmeral del Oasis de Maspalomas, hace un llamamiento a manifestarse en contra del expolio que no parece tener límites en la zona. Hace público su manifiesto en contra del modelo turístico depredador del territorio y convoca concentración para el sábado 29 de septiembre a las 11 de la mañana. En el propio Oasis.

El pasado mes de junio (Junio del 2018), a pesar de la sentencia en firme que les obliga a demoler 202 habitaciones de las ya construidas en el hotel que no han acatado, Riu comenzaba sus obras de construcción de 71 apartamentos sobre una zona verde pública que, como tal, es inembargable, imprescriptible e inapropiable.

El verano finaliza y pero con él no finalizan las obras de RIU y ninguna administración ha hecho nada al respecto pese a las denuncias presentadas y ante un gran silencio mediático ensordecedor.

Hoy la Plataforma, después de apelar a todos los organismos competentes, sin que ninguno haya actuado, llama a la participación a este acto de reapropiación simbólica del espacio público arrebatado. El acto tendrá lugar el sábado 29 de septiembre a las 11.00 horas en El Palmeral de Maspalomas.

RESUMEN DE LA SITUACIÓN DEL PALMERAL.

Ver el manifiesto original.

Las Islas Canarias están reconocidas internacionalmente por su elevada biodiversidad.

Un ejemplo de esto es el conjunto del Palmeral, La Charca, Las Dunas de Maspalomas y la propia Playa del Inglés, que conforman un ecosistema con un importante deterioro, derivado de este turismo depredador nada respetuoso con los valores ecológicos del lugar. Este paraje ya fue objeto en los 60 de graves errores, la del concurso internacional de ideas Maspalomas Costa Canaria, que terminó desvirtuando el proyecto ganador -diseñado con criterios más armónicos de planificación- y dio lugar al actual modelo especulativo y de uso intensivo del espacio. El Plan General de Ordenación que finalmente se impone permite la construcción de grandes hoteles y apartamentos de grandes cadenas, que fragmentan el espacio único que constituían la charca, dunas, playa y palmeral. En 1967 el Conde de La Vega Grande construye el Hotel Oasis en pleno Palmeral, vendido a la cadena RIU en 1998. Tras la denuncia de un particular, en 1978 se dicta sentencia firme del Tribunal Supremo, que pide la demolición parcial de 202 de las habitaciones construidas sentencia que 40 años después no se ha llevado a efecto. En 2012 RIU proyecta el derribo del primer hotel para la construcción de uno nuevo de cinco estrellas de mayores dimensiones.

En 2016 la Sala de lo Contencioso del TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Canarias) reconoce el uso y dominio público del Palmeral. No obstante el Gobierno Canario continúa su política de legislar en favor de negocios privados, dando nueva redacción en la Ley del Suelo que tiene como objetivo sortear lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Supremo de 1978 y la del TSJ de Canarias de 2016 e incumplir el mandato de protección del Palmeral. En 2017 RIU solicita permiso para la demolición del actual Hotel RIU Oasis y presenta el proyecto para la construcción del citado hotel, con un volumen de edificación muy superior al existente que supondrá una auténtica muralla de difícil encaje en el espacio y paisaje circundante.

Lo último ocurre a finales de 2017, cuando le conceden licencia del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para renovar con incremento de la edificabilidad de la estructura existente y para construir 71 nuevos apartamentos en una zona verde, pública y de alto valor medioambiental perpetuando el uso lucrativo por parte de la promotora privada de esta área privilegiada de la isla, en perjuicio de su conservación y disfrute de toda la población. Las obras comienzan en junio 2018 y han sido denunciadas en los tribunales por el colectivo Turcón Ecologistas en Acción.

A pesar de que las cifras lo desmienten, se continúa vendiendo por parte del Gobierno de Canarias y de las corporaciones municipales e insulares la idea de que el bienestar de la población va a venir de la mano de más hoteles y megaproyectos que muchas veces solo benefician a unas pocas empresas.

La inacción de todas las administraciones públicas así como la corrupción y prevaricación en el poder político obliga a la sociedad civil a tomar las riendas en defensa de este enclave.

Con ese fin un conjunto de colectivos y de personas se constituyeron en Plataforma por la Defensa del Palmeral del Oasis de Maspalomas y de todo el ecosistema que lo rodea, con las siguientes reivindicaciones:

– Denuncian las graves consecuencias de esta política seguida por los partidos políticos que han ostentado y ostentan cargos en las instituciones canarias (Gobierno de Canarias, Cabildo Insular y Ayuntamiento), consistente en la ocupación indiscriminada de territorio para la industria turística que nos aboca a la desertización y el deterioro en beneficio de grandes propietarios y fondos buitre, mientras se mantiene y profundiza el empobrecimiento de nuestro pueblo, incumpliendo además lo dictado en los tribunales, en lugar de actuar con transparencia en defensa del medioambiente y el patrimonio común.

– Se oponen a la construcción citada en suelo declarado Zona Verde Pública, que como tal es inembargable, inextinguible e inapropiable, y solicitamos su derribo inmediato en virtud de la Sentencia del TSJ de Canarias de 12/12/ 2016 y la sentencia firme del Tribunal Supremo de 1978.

– Exigen que se restituya esta zona a su estado natural previo a la construcción de las 202 habitaciones sentenciadas de derribo por sentencia del Tribunal Supremo) y avanzar en la protección para que toda el área sea considerada reserva natural y no sólo las dunas, las cuales ya fueron declaradas como Reserva Natural Especial por la Ley de Espacios Naturales de Canarias de 1.994.

– Llaman a la población a organizarse y movilizarse por los objetivos mencionados y por el cumplimiento de las sentencias aludidas en este manifiesto.

Fuente original.

Benmagec Ecologistas en Acción.

Más información en. Ver artículos.

Attac sale a la calle en el 10º aniversario de la crisis económica.

El 15 de Septiembre del 2018 los activistas y simpatizantes de Attac salen a la calle a protestar porque los políticos después de 10 años no han tomado medidas para regular el mercado financiero y bancario, por lo que una próxima burbuja está por llegar y por explotar. Madrid, París, Nantes, Frankfurt y otras ciudades de Europa, fueron testigos de las acciones de Attac, que fueron desde un juicio simulado a los culpables de la crisis en Madrid, hasta la toma de la fachada de dos bancos, uno en París y otro en Nantes, Francia, para denunciar que los bancos esconden sus beneficios en paraísos fiscales y que son las empresas que más invierten en la industria petrolera responsable del cambio climático. Manifestaciones por el distrito financiero de Alemania en la ciudad de Frankfurt,  sede del Banco Central Europeo. Hasta colarse en una fiesta de un banco Austriaco para denunciar que no hay nada que celebrar, ya que los bancos ahora son más grandes que antes de la crisis y que son bancos sistémicos que si quiebran no pueden ni deben ser rescatados por los estados.

Para leer el artículo completo pincha aquí. Artículo completo.

MADRID.

JUICIO A LOS RESPONSABLE DE LA CRISIS ECONÓMICA.

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PARIS.

“NO CON NUESTRO DINERO.”

fachadadelHSBC

NANTES.

¡EVASIÓN FISCAL! “NO CON NUESTRO DINERO.”

evasionfiscalBPN

FRANKFURT.

“AQUÍ CON LA DEMOCRACIA.” ¿EN QUÉ MUNDO QUEREMOS VIVIR?

Conlademocracia

AUSTRIA.

“NO HAY NADA QUE CELEBRAR. 10 AÑOS DE CRISIS FINANCIERA.” “BANCOS SISTÉMICOS. LA PRÓXIMA BURBUJA ESTÁ POR EXPLOTAR.”

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Con motivo de los 10 años de crisis te proponemos 20 medidas a adoptar.

15 de Septiembre del 2018, se cumplen los 10 años de crisis, y aún no se han regulado los mercados financieros y bancario. Desde Movimiento Indignados Spanish Revolution proponemos 20 medidas para regularlos. Si te parecen buenas las ideas te pedimos que las compartas con tus amigos y conocidos a través de internet.

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Concentración de Attac en el banco de España el 13 de Septiembre del 2018.

Con motivo del cumplimiento de los 10 años de crisis, el 15 de Septiembre del 2018. Attac Madrid empieza la campaña de denuncia de que la crisis no ha terminado y que una nueva crisis esta por llegar puesto que no se han regulado los mercados financieros y bancarios.

El pasado Jueves 13 de Septiembre en las puertas del Banco de España en Madrid, un grupo de unas 50 personas miembros y simpatizantes de Attac, se concentraron para denunciar que los mercados financieros no están regulados y que hay alternativas para reducir la precariedad, el paro y la inestabilidad de los mercados financieros.

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Attac mediante la publicación de este libro, 10 años de Crisis. Hacía un control ciudadano de las finanzas. De unas 100 páginas, fácil de leer, quiere mostrar a la ciudadanía porque la economía aún sigue en peligro y que alternativas hay para regular los mercados bancario y financiero.

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http://www.attacmadrid.org/wp/wp-content/uploads/10_anos_de_crisis.pdf

También puedes leer. Hay Alternativas.

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http://www.vnavarro.org/wp-content/uploads/2011/10/hayalternativas.pdf

Salimos a la calle en Madrid 10 años después de comenzada la crisis. Attac Madrid.

El 13 y el 15 de Septiembre Attac Madrid saca a la calle a la gente para protestar porque no se han regulado los mercados financieros y el mercado bancario.

13 DE SEPTIEMBRE.

CONCENTRACIÓN EN LA ESCENA DEL CRIMEN.

Concentración en el banco de España. Madrid. A las 18 horas.

15 DE SEPTIEMBRE.

JUICIO POPULAR A LOS RESPONSABLES DE LA CRISIS.

Concentración Performance en la Plaza del Museo Reina Sofia. A las 18 horas.

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Ayúdanos a difundir el libro que es gratuito.

10 años de crisis. Hacía un control ciudadano de las finanzas. Descarga, lee, comparte… Razona…

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http://www.attacmadrid.org/wp/wp-content/uploads/10_anos_de_crisis.pdf

 

 

Entrevista radiofónica a Ricardo García Zaldivar, sobre el nuevo libro de Attac. 10 años de crisis. Hacía un control ciudadano de las finanzas.

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Aquí te dejamos el audio de la entrevista en Radio Ecca en Canarias, del 5 de septiembre del 2018 a Ricardo García Zaldivar, economista y miembro de Attac España, con motivo del 10 aniversario del estallido de la crisis del 2008. Esa semana del 4 al 6 de Septiembre se presentó en la isla de Gran Canaria por las tardes el nuevo libro de Attac Internacional sobre los 10 años de crisis…estos actos tienen la finalidad de dar a conocer el libro y de hacer ver a las personas que el sistema bancario y financiero no se ha regulado y que otra crisis financiera mundial puede volver a producirse, debido a esa falta de regulación.

Audio de la entrevista.

https://www.ivoox.com/28363513

Puedes descargarte el libro en pdf de forma gratuita aquí.

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10 años de crisis. Hacía un control ciudadano de las finanzas. Attac Internacional.

https://www.attac.es/uploads/10_anos_de_crisis.pdf

 

Te quiero regalar un libro que pienso que te gustará.

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EL LIBRO SE LLAMA.

10 AÑOS DE CRISIS. HACÍA UN CONTROL CIUDADANO DE LAS FINANZAS.

Se puede comprar en papel por 3 euros pero te lo puedes descargar gratis en pdf y leerlo en tu ordenador o en tu tablet.

Te gustará…. en el se habla de más de 26 medidas para regular los mercados financieros que no se han aplicado nunca.

Si te indigna que 10 años después del comienzo de la crisis (15 Septiembre del 2008 quiebra de Lehman Brothers) no se haya hecho nada para regular la banca y los mercados financieros, lee, y regala este libro a tus amigos y conocidos.

El libro esta hecho por Attac Internacional y tiene un capítulo específico para España.

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https://www.attac.es/uploads/10_anos_de_crisis.pdf

También puedes ayudar a difundir la campaña de difusión de Attac por los 10 años de crisis compartiendo este video en tu facebook o twitter.

 

 

 

 

 

Diez años de crisis y no se han regulado los mercados financieros. Attac España.

DIEZ AÑOS DE CRISIS Y NO SE HAN REGULADO LOS MERCADOS FINANCIEROS.
 
Ya han pasado 10 años de crisis, se cumplen el 15 de septiembre del 2018, diez años después de la caída y quiebra de Lehman Brothers, y la clase política no ha hecho nada para regular los mercados financieros. La próxima crisis está ahí esperando a la vuelta de la esquina….
 
COMPARTE ESTE VIDEO SI TE INDIGNA¡¡¡¡¡¡¡¡

 

 

Una utopía realista: no estamos locos y sabemos lo que queremos. Attac España.

Hace diez años algunos dijeron que habría que refundar el capitalismo, pero el descontrol y la voracidad financiera eran tan grandes que solo fueron capaces de poner algunos parches para que no se les acusara de inacción.

 

CUCA HERNÁNDEZ, coordinadora de Attac España

PUBLICADO en El Salto N.17 2018-08-28

Diez años de crisis, diez años de luchas contra las consecuencias de una estafa financiera que ha servido para que las élites políticas y económicas se apropien de lo común al implantar medidas ideológicas que, lejos de resolver la crisis y dar soluciones a la mayoría, han convertido derechos de toda la ciudadanía en mercancía para beneficio de unos pocos.

Las luchas contra las consecuencias de esta crisis siguen vigentes, pero ha llegado el momento de luchar contra sus causas si queremos recuperar el control de nuestro futuro. Las causas de la crisis, por todos es sabido, fueron unos mercados financieros desregulados y un poder político al servicio de esta locura de casino. Hace diez años algunos dijeron que habría que refundar el capitalismo, pero el descontrol y la voracidad financiera era tan grande que solo fueron capaces de poner algunos parches para que no se les acusara de inacción. Desde el 15 de septiembre de 2008 nada se ha hecho para poner coto a unos mercados que se han demostrado peligrosos, capaces de arruinar países y generar hambre en poblaciones enteras.

Recientemente, en el Estado español hemos visto cómo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el organismo responsable de la “libre competencia”, ha denunciado medidas reguladoras hechas por diversos ayuntamientos para limitar la especulación sobre la vivienda de alquiler. Es decir, pretenden que la libertad de inversión de unas entidades o individuos quede por encima del derecho ciudadano, reconocido por la Constitución, a una vivienda digna. Este es solo un ejemplo de cómo ni los poderes públicos mejor intencionados pueden actuar frente una ley de libre mercado que devora todo y que nos está abocando a un nuevo colapso.
Por eso este décimo aniversario de la crisis es el momento en el que diversas organizaciones europeas, entre las que se encuentra una treintena de organizaciones españolas, hemos decidido que esta es la hora de reaccionar, marcándonos como objetivo el control ciudadano de las finanzas.

No estamos locos y sabemos lo que queremos. Sabemos que es difícil y que no es una tarea de hoy para mañana. Que tenemos que convencer primero a nuestros compañeros y compañeras de luchas, porque ya está bien de esa interpretación de la realidad en la que las exigencias de los mercados son como las demandas de aquellos dioses antiguos que reclaman sacrificios humanos.

Estamos en un momento económico y político no muy lejano al que hizo estallar las burbujas en 2008, y un nuevo colapso nos puede arrastrar a la catástrofe. Por eso es la hora de propugnar una “utopía realista”.
La reforma de las finanzas es inseparable de un enfoque radicalmente diferente de la sociedad. Las finanzas son el sistema nervioso de la economía, y por eso queremos unas finanzas al servicio de las necesidades de la gente y no abandonadas a las leyes del casino-mercado. Debemos contemplar el impacto que las finanzas tienen en todos los ámbitos de la sociedad, y la estabilidad financiera ha de ser evaluada en función de las necesidades humanas y el bien público.

Se han de prohibir los instrumentos que articulan la especulación financiera y facilitan la evasión fiscal. La riqueza se distribuirá mediante una recaudación tributaria eficiente y con unos servicios públicos eficaces, y nunca el clima, la educación, la sanidad, la vivienda o las pensiones estarán en manos especuladoras o dependerán del endeudamiento de la población o del Estado.

Tenemos que abandonar esta fatalidad de que este sistema financiarizado es la única opción posible. Aquí se ha esbozado una pequeña alternativa, pero el argumentario es mucho más amplio y hay muchas personas que estamos trabajando para que esa “utopía realista” se haga realidad.