En España no hay una ley que proteja a los denunciantes de corrupción.

Fuentes la página filtrala y fuentes propias.

No hay estadísticas, no todos los que denuncian casos de corrupción en España sufren represalias, pero hay muchas personas que sí las sufren, represalias que destruyen sus vidas, algunos no sabemos cuantos acaban en la cárcel, acusados de delitos que no han cometido y con pruebas falsas. A base de sobornos. Con denuncias trampa. Claramente como represalia. De esto no hablan, ni hablarán nunca los medios de comunicación Españoles. Nisiquiera lo harán ONGs como Amnistía Internacional.  Tampoco es algo que un ciudadano Español entienda, porque en su cultura la policía y los jueces no son corruptos, y se piensa que el sistema judicial español funciona. Realmente los que piensan así es que no han vivido por dentro lo mal que funciona el sistema judicial español.

La protección de los denunciantes en Europa.

A pesar del valor claramente establecido entre denunciantes y prevención de corrupción, solo 4 países en la Unión Europea tienen marcos de protección avanzados, 16 tienen protecciones parciales y los 7 restantes tienen marcos legales muy limitados o inexistentes. Entre estos últimos está España.

Según un exhaustivo estudio de Transparencia Internacional sobre la protección a whistleblowers en la UE, en España no existe legislación que sirva para proteger a trabajadores públicos y privados de acciones en su contra por exponer actos ilícitos. Además, no hay códigos administrativos o de trabajo que los proteja, y, consecuentemente, no hay una cultura que motive a ciudadanos y trabajadores a reportar corrupción a las autoridades.

En los últimos años, la OCDE ha recomendado instaurar leyes específicas de protección en sus planes de lucha contra la corrupción, sin embargo las autoridades no han respondido de forma clara y al parecer no hay una intención de llevar a cabo reformas. En un caso, el gobierno citó los derechos del estatuto básico de trabajadores públicos, sin embargo, este no protege de represalias y no se refiere al sector privado.

Esta situación es particularmente grave si se tiene en cuenta la proliferación de denuncias anónimas y filtraciones a los medios, algunas de las cuales han sido de gran relevancia política. En última instancia, a pesar de haber revelado actos importantes de corrupción, a la opinión pública y a las autoridades, las personas detrás de actos tan necesarios se encuentran totalmente desprotegidos frente a posibles represalias graves.

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