Los laboristas pretenden nacionalizar los servicios públicos.

El secreto de los laboristas.

Desde que se difundieron sus propuestas de aumentar el gasto social y nacionalizar los servicios públicos, subió el laborismo en las encuestas. La clave parece estar en que se detalla quiénes pagarán por ello: los paraísos fiscales y el sector financiero.

Por Marcelo Justo

PáginaI12 En Gran Bretaña

26.05.2017

 

Desde Londres

En el corazón de la popular plataforma electoral del laborismo se encuentra la lucha contra los paraísos fiscales y contra la hegemonía del sector financiero. Los esperados réditos de ese combate son las llaves para hacer realidad el anunciado incremento en la inversión social y llevar adelante un programa de nacionalización de los servicios energéticos, ferroviarios y agua.

La plataforma “más socialista en décadas” ha levantado la expectativa de voto por el laborismo que lucha por remontar la baja popularidad de su líder, Jeremy Corbyn. Desde su filtración a la prensa el 11 de mayo, los laboristas subieron cuatro puntos en la intención de voto y recuperaron el apoyo de muchos afiliados y simpatizantes que dudaban por primera vez en su vida si seguir la tradición de un partido con más de un siglo de historia.

El detallado financiamiento de los casi 50 mil millones de libras que insumirá el ambicioso programa de nacionalizaciones y masiva inversión en salud, educación y vivienda es uno de los aciertos de este manifiesto. Contrario a las acusaciones tradicionales de que los laboristas gastan lo que no tienen, el manifiesto publicó en un documento por separado cómo se financiarían cada una de estas promesas.

El llamado impuesto Robin Hood que se aplicará a las transacciones financieras recaudará en los cálculos laboristas casi cinco mil millones de libras anuales con el cierre de las actuales rendijas legales que le permiten a bancos y fondos de alto riesgo no pagar impuestos en una serie de transacciones financieras que incluye el poderoso mercado de derivados (comercio diario de 5 billones). La propuesta no es original: está por entrar en vigor en otros 10 países europeos. El valor agregado que tiene en el caso del Reino Unido es que golpea directo al corazón de ese centro financiero global que es Londres.

El laborismo prometió atacar la elusión fiscal que, según la organización líder en la lucha contra las guaridas fiscales y la evasión, la Tax Justice Network (TJN), se fagocita unos 19 mil millones de libras anuales. Si a esto se suman los 86 mil millones que TJN calcula de evasión fiscal se tiene el gasto total en educación, el 75 por ciento de lo que se invierte en salud o una séptima parte del presupuesto total británico.

La estrategia laborista en este campo es cerrar las rendijas legales y atacar el sistema de empresas fantasmas, prestanombres y testaferros que saturan las guaridas fiscales, muchas de ellas conectadas por un cordón umbilical con la City de Londres. Las compañías y los individuos con ingresos de más de un millón de libras tendrán que informar públicamente su declaración impositiva y se potenciará el número de inspectores e investigadores de la HM Revenue and Customs (AFIP británica).

El portavoz en temas económicos del laborismo, John Mc Donnell, señaló que el impuesto sobre la City sirve para recuperar el masivo rescate que recibió el sector financiero en 2008. “Los trabajadores y el ciudadano medio todavía están pagando por una crisis que ellos no causaron y que llevó al peor recorte de los servicios públicos y sociales en décadas. Solo estamos buscando reequilibrar la balanza de manera más justa. Con que los que comercian con  derivados paguen una pequeña fracción de las ganancias que obtienen, podríamos financiar nuestros servicios públicos”, señaló McDonnell.

El laborismo incorpora también una propuesta que se retrotrae a iniciativas de la primera presidencia de Rafael Correa en Ecuador, retomadas por unos 50 municipios españoles, liderados por Barcelona, que declararon su intención el año pasado de estar “libres de paraísos fiscales”. En la versión laborista la propuesta excluye de la licitación de contratos públicos a empresas que incurran en mecanismos de elusión o evasión fiscal: las operaciones o presencia en guaridas fiscales será fundamental para determinar si una compañía cualifica para una licitación.

El director de Tax Justice Network, Alex Cobham, saludó la iniciativa del laborismo. “Estas medidas para combatir el secreto financiero y los abusos impositivos son muy importantes. El sistema impositivo es hoy el menos redistributivo de las últimos 40 años y el impacto se siente en el deterioro de los servicios públicos por falta de financiamiento y en el aumento de pobreza infantil. Desde ya que estamos hablando de un problema que no se limita al Reino Unido. Ustedes lo saben muy bien en Argentina”, indicó Cobham a PáginaI12.

El director de TJN no habla de oído. En marzo fue el co-autor de un informe auspiciado por la ONU sobre la evasión fiscal de las multinacionales que colocaba a Argentina, con unos 24 mil millones de dólares anuales, en el quinto lugar a nivel mundial, detrás de Estados Unidos, Japón, China e India. “En Argentina es más grave aún porque en proporcionalmente afecta mucho más que a un país desarrollado en términos de la inversión social que no puede realizar debido al monto que se evade”, agregó Cobham.

En el Reino Unido, la City reaccionó airadamente contra la propuesta laborista criticándola porque “muchos piensan que la City es un cofre del que sacar dinero, pero no se dan cuenta que lo que se saca lo terminarán pagando los Fondos de Pensión y los jubilados que verán caer sus ingresos”. Pero entre el electorado hay consenso desde hace rato que la laxitud fiscal respecto a las maniobras de multinacionales y grandes fortunas es inaceptable. Los Panama Papers ayudaron a crear esta conciencia. El estallido financiero de 2008, sumado al impacto que tuvo sobre el gasto social británico y los subsiguientes ajustes allanaron el camino. 

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