La privatización de la Sanidad Española. Artículos.

El dinero que la sanidad pública paga a la privada ha crecido un 52% en 10 años.

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La sanidad pública paga cada vez más a la privada. Unos 7.600 millones de euros al año. Supone un 10,5% del gasto sanitario público que suma 72.000 millones anuales. Los datos de la Cuenta Satélite del Gasto Sanitario del Ministerio de Sanidad recogen un aumento de esta partida de 2.599 millones (un 52%) desde 2002 a 2011.

Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de privatización de la sanidad y entrada de empresas en la asistencia de los ciudadanos? Las vías de trasvase de dinero público al sector sanitario privado son variadas. Cada Administración defiende su realidad y no deja de subrayar la etiqueta de “sanidad pública”, ya sea ésta servida por medios propios, conciertos, convenios o concesiones a contratistas.

El Instituto para el Desarrollo y la Integración Sanitaria (IDIS) ha ordenado estos gastos por comunidades autónomas y tipos de pagos desde los presupuestos de Sanidad a las empresas privadas del sector. El IDIS es una entidad que defiende la entrada de las clínicas privadas como “eje de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, según su secretario general Juan Abarca.

La comunidad autónoma que más gasta en sanidad privada es Cataluña. Su sistema sanitario trasvasa 2.450 millones de euros a clínicas cada curso, un 24,1% del gasto. Canarias destina un 10,3% de todo su presupuesto sanitario a medios privados (286 millones de euros). Madrid y Baleares están ambas por encima del 8% con 713 y 112 millones respectivamente. En Andalucía, se paga mucho a empresas privadas de sanidad (446 millones de euros), pero supone un 4,7% de todo el dinero destinado a la salud. En los últimos puestos del ránking autonómico en términos relativos están Aragón (4%), Extremadura (4,3%) y Cantabria (4,5%).

El panorama es una maraña de fórmulas de contratación, cesión, concierto y encomiendas en la que se impone una mirada pormenorizada para ver el alcance de la privatización.

Sanidad mixta catalana

En Cataluña, se puede hablar de un sistema general mixto público-privado. La Generalitat tiene convenios singulares con 31 hospitales privados para que formen parte del Sistema de Utilización Pública. Además, entre 2008 y 2014 publicó 495 concursos para el diagnóstico por imagen, las terapias respiratorias, la atención primaria o los servicios socio-sanitarios.

Este esquema obliga a las arcas públicas catalanas a aportar esos casi 2.500 millones de euros a entidades sanitarias privadas. Es cerca de la mitad, el 41,8% de todo lo que el sector público paga al privado en España. A pesar de que, desde los 1.298 euros per cápita que Sanidad invertía en 2012, el Gobierno ha rebajado la partida a 1.095 –y el consejero Boi Ruiz reconoce que la cifra ideal son 1.500 euros-, la tasa de crecimiento del pago a entidades privadas ha estado en el 2,1% anual desde 2002 a 2011.

Los contratistas entran a escena

Sin duda, la polémica y preocupación ciudadana sobre la privatización sanitaria se ha agudizado especialmente con el proceso de entrada de empresas contratistas en la gestión directa de la sanidad. Tanto con la concesión de la gestión no médica de centros como los contratos completos que asignan a empresas privadas la construcción, administración y gestión sanitaria de hospitales de la red pública. Las sociedades privadas han visto cómo su negocio se ampliaba en la red pública española en los últimos años.

La Comunidad Valenciana: es la pionera en la adjudicación integral sanitaria a contratistas. Cinco departamentos de salud están así gestionados. Seis empresas (Ribera Salud, ACS, Lubasa, Sanitas, DKV y Asisa) se reparten en diferentes porcentajes cinco hospitales de la siguiente manera:

Alzira (Ribera Salud, ACS y Lubasa): 143,4 millones al año para la asistencia de 227.000 personas; Hospital de Denia (DKV y Ribera Salud): 94,8 millones para 150.000 ciudadanos; Hospital de Torrevieja (Sanitas): 123 millones para 195.000 alicantinos; y Hospital de Vinalopó (Ribera Salud y Asisa): 101 millones.

Las asignaciones se incrementan en el mismo porcentaje que el presupuesto de Sanidad elaborado por el Gobierno regional. Valencia le ha metido un acelerón al gasto público en sanidad privada a un ritmo de crecimiento del 10,9%. Gasta 442 millones al año (un 6,6% de su presupuesto). “A la Genertalitat le viene muy bien y las concesionarias tienen que hacer verdaderos esfuerzos para que les salgan las cuentas”, ha analizado el director general de IDIS, Manuel Vilches, dejando clara su visión sobre estos modelos.

Madrid: el Gobierno del PP ha impulsado las partidas de dinero público hacia medios sanitarios de empresas. Un 13,7% más de media en diez años. En 2011 se destinaron 714 millones de euros (un 8,5% del presupuesto total). El estudio de IDIS habla de “interdependencia” entre los sistemas sanitarios público y privado.

Existen cuatro hospitales nacidos como concesión para contratistas: Infanta Leonor (de IDCSalud) con un canon de 33 millones; Torrejón (Sanitas, Asisa, Bankia, Concessia y FCC) con uno de 110,2 millones; Móstoles (IDCSalud) con pago de 107,1 millones y Collado Villalba. Este último centro no ha sido puesto en marcha porque el Ejecutivo de Ignacio González considera que no puede afrontar el pago del canon, aunque sí se abona 11 millones al año en concepto de mantenimiento).

Concesiones también existen en Canarias, que en 2013 lanzó un concurso para la hemodiálisis en Gran Canaria y Lanzarote por 35 millones de euros para cinco años. Las islas son la segunda región que asigna más recursos a la sanidad privada respecto a su presupuesto: un 10,3% y 286 millones al año.

Los conciertos versus la infrautilización de medios públicos

Casi todas las administraciones sanitarias –sin importar el color político que las dirijan- conceden gran impacto a los conciertos con clínicas para llevar a cabo terapias o pruebas (en ocasiones en detrimento de los recursos directos). El 38% de las terapias de respiración en Madrid son asignadas a centros privados. En Galicia es el 23% y en Navarra el 21% del total de tratamientos de esta índole. Es un nuevo frente de lucha abierto contra la privatización sanitaria.

En el caso de Madrid, el 73% de los 48 hospitales privados de la región tienen algún tipo de acuerdo firmado con el SERCAM. La panoplia diseñada por la Consejería de Sanidad abarca múltiples disciplinas. Como se apuntaba, los enfermos respiratorios dependen en gran medida de centros privados para sus terapias (95 millones de euros en concursos entre 2008 y 2014). Se le suman, además, las pruebas diagnósticas que se derivan a la hora de hacer ecografías o mamografías. Un modelo que puede resquebrajarse en cuanto la administración no llega a acuerdos que satisfagan sus estrecheces financieras, como sucedió en 2013 cuando se detuvieron miles de mamografías del Programa de detección precoz del cáncer de mama en Madrid.

También a la hora de intentar bajar las listas de espera quirúrgicas, algunas comunidades han apostado fuerte por la derivación a hospitales de empresas. Así, en Castilla y León han llegado al 51%; en Castilla-La Mancha al 34% y en Aragón al 19% de la actividad. En Castilla y León tuvieron que regresar a estos conciertos en 2013 tras no poder gestionar las listas con los medios públicos una vez suprimidas las actividades extraordinarias de tarde en los hospitales. Igual le ocurrió a Valencia. Marcha atrás y nuevo flujo de dinero a clínicas privadas ante el atasco. En Castilla-La Mancha están recurriendo a traslados a otras regiones para intervenciones de sus pacientes.

Los convenios

El sistema de convenios es una manera habitual de que los impuestos abonen la prestación de servicios sanitarios en centros privados. El convenio hace que los ciudadanos puedan acudir a los hospitales a recibir sus tratamientos. Andalucía destaca en esta fórmula con 17 centros conveniados. Cinco de ellos pertenecen a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios y seis al grupo José Manuel Pascual. También con Cruz Roja Española.

Este sistema es el que utiliza el Partido Popular para asimilar los procesos privatizadores como el de Madrid con otras regiones. Como dijo el vicesecretario popular Carlos Floriano hace poco más de un mes, “está vigente en otras comunidades autónomas como Andalucía y Cataluña”. El flujo de pacientes andaluces está controlado por los hospitales públicos y sus Unidades Provinciales de Gestión.

El informe del IDIS reseña que “no se dispone de información pública en cuanto a la remuneración obtenida por parte de los grupos privados con estos convenios”.  Andalucía gasta 447 millones de euros en dar cobertura pública con medios privados (un 4,7% del total). También aparecen con estas fórmulas el País Vasco, Galicia, Islas Baleares y Asturias.

La Comunidad de Madrid firmó un concierto singular con la Fundación Jiménez Díaz (regentada por IDCSalud) por 30 años para atender en ese hospital a población de referencia. En 2012 y 2013, Madrid le abonó más de 300 millones por cada anualidad.

Radiografía de los ‘lobbies’ que acaparan el 54,3% de los contratos públicos de la Sanidad madrileña.

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El colectivo Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad) ha presentado este miércoles el informe ‘Influencia de los lobbies en la Sanidad madrileña’, en el que ha identificado una veintena de lobbies sanitarios, cuyas empresas “tienen adjudicados el 54,3% de los contratos y el 60,3% del importe» de la licitación pública que emana de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, lo que supone 387.489.188,92 euros de un total de 642.069.712,86 euros de gasto de 2017 identificado en el informe.

Audita Sanidad es un grupo de ciudadanos que se constituyó para estudiar la evolución de la deuda pública en la región y ahora ha decidido poner la lupa en los contratos de la administración y sus adjudicatarios. El pasado 18 de junio, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra la Comunidad de Madrid por fraude en los contratos menores y, en esta ocasión, han decidido estudiar también la licitación pública. Juan Luis Ruiz-Giménez, uno de los miembros de esta plataforma que ha expuesto los resultados del análisis junto a Vicente Losada, ha incidido en las «políticas privatizadoras» que se dan en Madrid, un «reflejo» del resto del Estado. En este caso, han estudiado lobbiesempresariales, es decir, los conglomerados de empresas, que pueden influir en las decisiones en el área de Sanidad.

El informe calcula que las empresas identificadas recibieron “seis de cada diez euros” de la contratación pública de la Sanidad madrileña en 2017, que asciende a un importe de 642.069.712,86 euros. El ranking de adjudicación a los lobbies sanitarios está liderado por Fundación IDIS (296.189.063,43 euros) por delante de la Asociación España Salud (205.029.940,49 euros) y Farmaindustria (181.164.674,15 euros).

El importe que se concentra en estos grandes conglomerados empresariales les lleva a concluir que “la relación entre importes de contratación adjudicada y pertenencia a lobbies empresariales permite constatar la manifiesta presencia e importancia determinante que éstos tienen en el desarrollo de la política sanitaria y el proceso de privatización de la sanidad pública”.

La necesidad de transparencia de los ‘lobbies’

Audita Sanidad ha decidido centrarse en los lobbies sanitarios para aportarle luz y abrir el debate sobre estos grupos de influencia que muchas veces los ciudadanos no identifican. El colectivo también opina que estas contrataciones públicas permiten “la transferencia de dinero público a empresas privadas para la realización de tareas y servicios que debiera hacer en su mayoría el Sistema Sanitario Público”.

Tras su experiencia recabando datos con sus propios recursos, han formulado unas recomendaciones basándose en el informe sobre los Estándares Internacionales para la Regulación de Lobby, de Transparency International. “El sistema de los lobbies es absolutamente opaco”, ha criticado Vicente Losada.

Pese a que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) creó en 2016 un registro de lobbies voluntario, el activista cree que es insuficiente. Por eso, la primera recomendación está referida a un sistema de registro y acceso público a la información.

También creen que tanto lobistas como los cargos públicos “deben tener normas de conductas claras y exigibles, así como un sistema para la gestión de conflictos de intereses”. Para mejorar el control y la transparencia, consideran necesario reconocer el “derecho a participar en las decisiones públicas” de la ciudadanía y garantizar que los lobbies también estén sometidos a “mecanismos de denuncia y sanciones efectivas” para los incumplimientos. Por último, apuestan por una Ley de protección de alertadores (los llamados Whistle blowers), una iniciativa que registró hace unas semanas Xnet en el Congreso de los Diputados.

 

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