Condenado a sólo dos años de cárcel al presidente de caja Castilla La Mancha.

La Audiencia Nacional ha condenado al expresidente de Caja Castilla-La Mancha y exdiputado del PSOE Juan Pedro Hernández Moltó y al exdirector general Ildefonso Ortega por un delito societario de falsedad contable cometido al manipular las cuentas de la entidad, a la pena de dos años de cárcel y a otra de inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en el sector financiero durante el tiempo de su condena.

El Juez impone a cada uno el pago de una multa de 29.970 euros y les obliga a satisfacer la mitad y a partes iguales las costas causadas, incluidas a las de la acusación particular y popular, ejercidas por la asociación Adicae y la propia caja de ahorros.

Absueltos de un delito societario de administración fraudulenta

El magistrado absuelve a ambos directivos del delito societario de administración fraudulenta que les atribuían ambas acusaciones.

Caja Castilla-La Mancha fue la primera caja de ahorros española en ser intervenida y nacionalizada, en marzo de 2009, después de que se aprobara un rescate que alcanzó los 9.000 millones de euros.

Según Anticorrupción, el 10 de febrero de 2009, con la “aquiescencia” de Hernández Moltó, Ortega envió al Banco de España unos estados financieros y consolidados públicos de la entidad que ignoraron los requerimientos que el supervisor había venido haciendo desde 2004 y no reflejaban su “situación financiera real”.

La sentencia considera que este falseamiento era un “medio idóneo” para causar un perjuicio económico a terceras personas que se relacionaran con la entidad y que tanto Hernández Moltó como Ortega, conociendo en 2008 las pérdidas y la difícil situación económica en la que se encontraba CCM, se sirvieron de un “ardid contable, en el sentido más propio de engaño, disimulo o artimaña o si se prefiere treta o tergiversación” para tapar o maquillas unas cuentas” que se podrían calificar de “galopantes” relativas a valores cotizados.

Pese a los requerimientos del Banco de España, los condenados “reflejaron las pérdidas en la partida o estado del patrimonio neto y no en la cuenta de pérdidas y ganancias en definitiva en la cuenta de resultados”. El 31 de diciembre de ese año, se hizo constar a la opinión pública o “si se quiere” al mercado que CCM había obtenido ganancias, cuando su situación financiera era “tan crítica” que tres meses después fue intervenida por el Banco de España.

Una sentencia para “proteger” a pequeños inversores

A este  respecto,  el juez precisa que aunque ese estado de cuentas pueda considerarse adecuado conforme a la ortodoxia contable, el delito de falsedad contable persigue proteger también a los ciudadanos que se puedan relacionar con la entidad, a los pequeños inversores y depositantes y, en general, a todos aquellos que no se relacionarían con la caja de la misma manera que si en sus estados aparecieran pérdidas. “El Código Penal trata de proteger a ese hombre medio”, añade.

Según la sentencia, resulta “hasta sarcástico” que Moltó, que  fue el exportavoz de Economía del PSOE en el Congreso, se presentase en el juicio como un “animador sociocultural” de la caja con funciones parecidas a las de una “reina madre” y califica de “absolutamente inadmisible” que pretendiese descargar la responsabilidad en su subordinado, Ildefonso Ortega.

 En concreto, los gestores de CCM registraron el deterioro de las participaciones en tres sociedades inmobiliarias (Afirma, Colonial y Parquesol) como “ajustes de valoración dentro del patrimonio neto en lugar de incluirlo en la cuenta de resultados”, que presentaba un saldo antes de impuestos de 93 millones de euros.

“Teniendo en cuenta que esas minusvalías alcanzaban a 31 de diciembre los 212,1 millones de euros, el resultado del ejercicio debía haberse aminorado en ese importe”, señala la sentencia, para añadir que habrían resultado negativos los estados consolidados de CCM a la misma fecha, que reflejaban “un ficticio beneficio antes de impuestos 29,86 millones de euros”.  En relación con la calificación de créditos, existía “un déficit de provisiones específicas de 57 millones de euros sobre los 245 millones exigidos”.

De esta forma, los gestores de la caja castellano-manchega sortearon las obligaciones impuestas por el Banco de España y lograron evitar que la caja presentara pérdidas de 119 millones en los estados individuales y de, al menos, 182,2 millones en los consolidados.

La sentencia no considera acreditado que Hernández Moltó y Ortega concedieran créditos o refinanciaran préstamos a sabiendas de que perjudicaban a la caja de ahorros o dispusieran, “mediante engaño”, de bienes de esta sociedad, ni tampoco que obtuvieran algún beneficio personal con este tipo de operaciones.

Caja Castilla-La Mancha fue la primera caja de ahorros española en ser intervenida y nacionalizada, en marzo de 2009, después de que se aprobara un rescate que alcanzó los 9.000 millones de euros.