Condenados dos directivos de la Caja Inmaculada y un socio de ambos.

Artículo extraído del periodo el mundo.

http://www.elmundo.es/economia/2017/03/07/58bee7d646163f82508b4581.html

Ambos condenados deberán devolver casi siete millones de euros estafados en concepto de indemnización.

La Sala 6ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a cuatro años de cárcel al ex director general de la desaparecida Caja Inmaculada (CAI), hoy integrada en Ibercaja Banco, Tomás García Montes, al ex directivo Javier Alfaro y mano derecha del anterior, y a un socio de ambos, Ramón Marrero, por un delito de apropiación indebida agravada.

La sentencia destaca la “manera opaca y personalista con que García Montes ejercía su cargo”, así como la falta de transparencia y la “elevada concentración del crédito y de las inversiones de la CAI en el sector de la promoción y construcción inmobiliaria”.

La Audiencia impone a los tres condenados el pago de sendas multas de 3.600 euros a cada uno y unas indemnizaciones por diversos conceptos que en conjunto rozan los 7 millones de euros (6.927.915), por el daño causado a la entidad. Por un lado constan las irregularidades en operaciones urbanísticas que se saldaron en propio provecho al comprar apartamentos en el sur de España a un precio inferior al que abonaron otros particulares y cargando la diferencia a CAI Inmobiliaria.

Sin embargo, la Audiencia los absuelve de los delitos de administración desleal y estafa continuada.

El proceso judicial se inició a raíz de la interposición en 2012 por parte de la CAI de una denuncia contra los ex directivos de la entidad por presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal. A la demanda se sumó después la Confederación Intersindical de Crédito, sindicato de las antiguas cajas.

Según los hechos probados, los tres directivos citados, que crearon una “persistente ideación delictiva”, se aprovecharon de su posición la entidad financiera para adquirir inmuebles a precios muy inferiores a los del mercado y conseguir créditos sin las garantías necesarias. Dichas operaciones causaron un daño patrimonial a distintas sociedades dependientes de la extinta caja.

Al abogado, empresario y ex consejero socialista de la Junta de Andalucía, Ramón Marrero, se le concedió un crédito que éste pudo amortizar aportando un inmueble cuyo valor real era muy inferior del que se tasó para formalizar el préstamo

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