La fiscalía no recurrirá el archivo del 25-S del juez Pedraz.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido no recurrir el archivo de la causa contra ocho organizadores del 25-S decidido por el juez Santiago Pedraz.

Así lo ha confirmado el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, durante un acto en Galicia. Pedraz decidió archivar el 4 de octubre el caso contra los promotores del 25-S y sostuvo que no habían cometido delitos contra el Estado. Torres-Dulce ha indicado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional le trasladó esta decisión al entender que “no hay motivos” para el recurso. Él se ha mostrado de acuerdo con ella, aunque ha precisado, en relación con las convocatorias ante el Congreso, que “otra cosa es la participación”. En este sentido ha hecho referencia a si algunos participantes en la manifestación pudieran haber incurrido en un delito contra las altas instituciones del Estado. Al respecto, ha reiterado que la Fiscalía de Madrid está analizando si pudieran existir “indicios” de delitos de esta índole por parte de participantes en las movilizaciones. Un día después de que Pedraz archivase el caso contra los organizadores, la Fiscalía de Madrid presentó un recurso en el que insistía en que siete detenidos durante las movilizaciones bajo el lema Rodea el Congreso cometieron un delito contra las Instituciones del Estado y que debian ser juzgados en la Audiencia. Con este escrito recurría el auto de la titular del juzgado de instrucción número 8 de Madrid, que se inhibió del procedimiento entero, con 35 detenidos, en favor de la Audiencia —el tribunal competente para juzgar los delitos contra el Estado—.

El fiscal decía que no se puede imputar esta infracción a todos, pero sí a siete de ellos. Consideraba que en estos casos “existió un intento de invasión” del Congreso mediante “fuerza, violencia o intimidación” porque trataron de rebasar el perímetro de seguridad. Coincidía, punto por punto, en la línea mantenida por el Ministerio del Interior. El auto de Pedraz fue objeto de polémica porque en él argumenta que la convocatoria se enmarca en el derecho a la libertad de expresión, “máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política”. Esto provocó las críticas de algunos dirigentes populares. “Pijo ácrata”, “indecente”, “inaceptable”, “impresentable” e “intolerable” fueron algunas de las expresiones que utilizó el diputado y portavoz adjunto del Grupo Popular, Rafael Hernando.

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