Propuesta de cambio en la legislación Española en relación a la salud mental.

Hacemos las siguientes propuestas con la que se pretende proteger los derechos humanos y la salud de las personas que tienen algún problema o han tenido algún problema con su salud mental y han acudido a un psiquiatra o a un psicólogo del sistema público o privado Español.

  1. Ningún ciudadano Español será internado en una unidad psiquiátrica en contra de su voluntad y sin su consentimiento, incluso en casos donde su salud mental esté muy deteriorada. Este derecho debe ser recogido en una ley.
  2. No se podrá usar la fuerza ni se podrá usar a la policía Nacional, ni a la local, ni a la autonómica, ni a la guardía civil para obligar a una persona a ingresar en un centro psiquiátrico.
  3. Ningún ciudadano Español será obligado a tomar medicamentos psiquiátricos en contra de su voluntad y sin su consentimiento. Ni en cortos periodos de tiempo ni en largos periodos de tiempo. La legislación Española debe cambiar para que se considere delito obligar a un ciudadano a tomar drogas psiquiátricas. El ciudadano Español tendrá libertad para decidir si toma o no medicamentos psiquiátricos y nunca se le podrá denegar una pensión o se le podrá excluir de una bolsa de empleo por el hecho de oponerse a tomar este tipo de sustancias.
  4. Los ciudadanos Españoles internados en unidades psiquiátricas de hospitales tendrán derecho a salir de ellas cuando lo consideren oportuno independientemente de que hayan ingresado de forma voluntaria en dicha unidad. Este derecho debe ser reconocido por ley. Y ningún juez o ningún psiquiatra podrá legalmente impedir que esa persona recupere su libertad de forma inmediata independientemente del estado de salud mental de la persona.
  5. El ciudadano Español podrá declararse objetor de la psiquiatría. El declararse objetor de la psiquiatría quiere decir que la persona afirma que las sustancias psiquiátricas producen más daño que beneficios, y que no cree que los desequilibrios emocionales profundos puedan ser controlados con sustancias químicas.
  6. El término enfermedad mental será eliminado de toda la legislación Española, utilizando el termino transtorno mental en su lugar. De modo que legalmente no se pueda afirmar que una persona es un enfermo mental.
  7. Se respetará la intimidad de las personas diagnosticadas de algún transtorno mental de modo que cada persona pueda mantener en secreto dicha situación, la persona tendrá derecho a mantenerlo en secreto incluso cuando haya sido declarado discapacitado por transtorno psíquico crónico. La persona no tendrá obligación de declararle a un empresario que pretende contratarle o que ya lo haya contratado que tiene una discapacidad psíquica por transtorno mental. Todas las leyes del estado Español deberán asegurar el derecho a la intimidad de estas personas y el no comunicarle a un empresario que se tiene discapacidad psíquica no puede ser motivo legal de despido. Ninguna ley Española podrá contradecir a  las leyes que reconozcan el derecho a la intimidad de las personas que tienen una discapacidad psíquica por transtorno mental considerado crónico.
  8. Ninguna ley del Estado Español podrá afirmar que las personas que han estado sometidas a tratamiento psicológico psiquiátrico y que ya no están recibiendo dicho tratamiento son personas peligrosas o violentas. Por el hecho de no estar bajo tratamiento.
  9. El derecho de las personas internadas en un centro psiquiátrico en España a tener un abogado de oficio será un derecho real. El estado tendrá la obligación de proporcionar un abogado de oficio de forma rápida en el caso de que la persona sea internada o retenida en un centro psiquiátrico en contra de su voluntad.
  10. El hecho de que una persona no quiera recibir tratamiento psiquiátrico no será considerado como una prueba más de que esta persona es una enferma mental, sino que será un derecho humano a respetar y que debe ser reconocido por ley.
  11. Las personas que van a recibir medicamentos psiquiátricos serán previamente informadas por escrito por el psiquiatra o por el médico de cabecera de los efectos negativos sobre la salud que tiene tomar las sustancias que se les receta. Teniendo el paciente el derecho a firmar o no una vez leída la información el consentimiento informado a tomar dichas sustancias. El paciente tendrá derecho a ser informado y tendrá derecho a oponerse a tomar dichas sustancias.
  12. El médico o el psiquiatrá estará obligado a informar al paciente de salud mental de las alternativas que existen en el mercado de las diferentes sustancias que se le pueden recetar, el paciente será informado especialmente de las sustancias naturales existentes. Y de las sustancias con menos efectos negativos para la salud que existan disponibles.
  13. El ciudadano Español tendrá derecho a que le trate un profesional de la salud mental que sea de su misma religión o que sea objetor de la psiquiatría como él.
  14. Todas las personas con una discapacidad reconocida tendrán derecho a una pensión no contributiva que asegure su independencia económica real siendo la cantidad mínima a pagar la necesaria para pagar gastos de alojamiento, de comida, de transporte, de ropa y de medicinas. La pensión no contributiva será igual o superior al salario mínimo del país. Siempre y cuando el salario mínimo garantize la independencia económica de la persona.
  15. La persona internada en un centro de salud mental tendrá derecho a no ser tratado por un psiquiatra y tendrá derecho a recibir tratamiento por parte de un psicólogo. El centro sea privado o público pondrá los medios económicos necesarios para garantizar este derecho.
  16. La persona usuaria de servicios de Salud mental, tiene derecho a ser informada de las sustancias que se recetan que dañen el cerebro a corto, medio o largo plazo.
  17. Las personas discapacitadas tendrán derecho a renunciar de cualquiera de los beneficios que les ofrecen las leyes Españolas si lo consideran oportuno.
  18. El Ministerio de Hacienda protegerá la intimidad de las personas discapacitadas que no han querido informar al empresario que los contrate sobre su discapacidad. Reconociendo su derecho a no comunicar al empresario su discapacidad.
  19. Las personas con discapacidad tendrán derecho a que se revise su discapacidad por mejoría o empeoramiento. En el caso de que la discapacidad sea de tipo psíquica por transtorno mental, será suficiente con presentar los informes de un médico, no siendo necesario el informe de un psicólogo o de un psiquiatra.
  20. Las discapacidades psíquicas por transtorno mental nunca serán permanentes y serán revisadas por mejoría a petición del ciudadano pudiendo revisarse sin que pase más de 7 meses entre un informe de discapacidad y otro.
  21. La coacción en psiquiatría y en psicología será considerada un delito penal, no se puede obligar a un ciudadano a tomar medicamentos psiquiátricos bajo amenazas de ingresarla a la fuerza en un centro de salud mental. No se puede amenazar a una persona con expulsarle de un plan especial de empleo por negarse a tomar la medicación, ni se puede amenazar ni quitar la pensión a una persona que no tome una medicación que ella no quiere tomar. Del mismo modo no puede obligarse a un persona a tratarse con inyectables cuando esa persona no quiera.

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